José María González López tiene una discapacidad del 76% y se desplaza en silla de ruedas. Conduce y desde el 2010, por sentencia judicial, utiliza una plaza de aparcamiento privativa en la vía pública en las proximidades de su domicilio, lo que quiere decir que sólo puede estacionar él con su vehículo. Cambió de vivienda y también de coche y siguió disfrutando de este derecho. Pero de nuevo va a trasladarse de casa y ahora el ayuntamiento se la ha denegado.

El afectado alega, sentencia en mano, que el juez reconoció su derecho sin especificar dirección por lo que establecía la movilidad geográfica. De hecho, ha trasladado su domicilio en una ocasión anterior y le concedieron otra plaza con una nueva ubicación. Cuando se la habilitaron por primera vez vivía en Ricardo Carapeto Zambrano. Su domicilio actual se encuentra en la calle Vistahermosa y quiere trasladarse a una vivienda que ha adquirido en Doctor Antonio Fadón, junto a Santo Cristo de la Paz. La mudanza está pendiente de que el ayuntamiento le conceda la plaza privativa. Como se la denegó por silencio administrativo, presentó un recurso cuya resolución le llegó la semana pasada. El ayuntamiento basa su decisión en el real decreto de diciembre del 2014 que regula las condiciones básicas de emisión y uso de la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad, que es «de total aplicación en este ayuntamiento» desde esa fecha ante la falta de una ordenanza específica ya que la de 1994 es muy anterior a las normas vigentes. El problema radica en que en este real decreto «no está reconocido en ningún precepto la creación de plazas de estacionamiento que supongan reserva privativa para una persona con discapacidad en concreto, esto es, únicamente para un vehículo singular, con exclusión del resto de personas que se encuentren en la misma situación». Es decir, que en caso de crearse plazas de aparcamiento, no serán de uso exclusivo, pese a lo cual, si es cierto que no existen plazas de estacionamiento reservadas a minusválidos en los alrededores, deberán habilitarse.

La asociación de discapacitados Apamex señala que «en breve» se publicará el reglamento que desarrolla la Ley de Accesiblidad de Extremadura, a partir del cual los ayuntamientos aprobarán nuevos reglamentos y existirá un registro autonómico de tarjetas de aparcamiento.

A José María González no le convencen estos argumentos y lamenta que lo abocan a tener que acudir de nuevo a los tribunales, pues señala que la aplicación de la normativa no puede tener carácter retroactivo.