El Juzgado de lo Penal número 2 de Badajoz dejó ayer visto para sentencia el juicio seguido contra Pedro M. O. S., de nacionalidad portuguesa, y Manuel J. D., español, que ayer se sentaron solos en el banquillo después de que el fiscal, la letrada del Estado y el abogado de la firma Domecq retiraran los cargos presentados contra otros dos jóvenes, que comparecieron en calidad de testigos. Se trata de uno de los mayores casos de contrabando de tabaco y de alcohol descubiertos en Extremadura y, según el fiscal, con efectos en Europa.

Este caso se inició en Badajoz como consecuencia de una operación del Cuerpo de Aduanas de la Agencia Tributaria, que desbarató una importante operación de contrabando y el decomiso de tabaco procedente de países europeos en Cáceres y Plasencia, en octubre del 2002.

Uno de los detenidos en aquel caso fue detectado en la capital pacense a finales de diciembre, lo que alertó a los funcionarios de Aduanas, que pusieron en marcha un dispositivo de vigilancia que concluyó con el registro, el 10 de enero del 2003, de unas naves situadas en las zonas industriales de la carretera de Madrid y El Nevero, y con la detención de cuatro personas.

SARCOFAGOS Los agentes hallaron 158.000 cajetillas de tabaco en el interior de palés huecos "como sarcófagos, en los que se hallaban escondidos los paquetes", así como se incautaron de una ingente documentación relativa a pagos de alquileres de naves, entre otros, lo que propició ampliar las investigaciones a otra naves de Plasencia, de forma que se hallaron 37.000 litros de alcohol etílico de alta graduación, 240.000 botellas del tipo de Ballantines, y etiquetas.

En el juicio, ayer, el ministerio público modificó sus conclusiones provisionales para aumentar la pena y solicitar un total de 16 años de prisión, 10 para Pedro M. por dos delitos de contrabando, uno contra la hacienda pública y uno contra la propiedad industrial, así como la prohibición de obtener subvenciones y ayudas públicas, y 6 para Manuel J. por dos delitos de contrabando, además de una multa de un millón de euros a cada uno de ellos y otras cantidades importantes en concepto de indemnizaciones.

INDEMNIZACIONES La abogada del Estado solicitó 5,5 años de prisión para el primero por dos delitos de contrabando y uno contra la hacienda pública más 1,8 millones de euros en multas y de 1,5 años para el segundo, 790.000 euros de multa y cuantiosas indemnizaciones.

El letrado de la empresa Domecq, como parte acusadora, retiró las acusaciones de estafa y de falsedad en documento y mantuvo las de delitos contra la propiedad industrial y contra la salud pública, con penas de 3 años de cárcel para cada uno. Tanto éste como el Estado asumieron el relato de los hechos presentado por el fiscal.

NO ERA MERCANCIA ESTANCADA El abogado de la defensa, por su parte, rechazó una por una todas las acusaciones, desde la de contrabando, por entender que "no se trata de mercancía estancada, pues ya no existe monopolio y por tanto no cabe el delito de contrabando"; hasta la de fraude fiscal, porque "es un producto extracomunitario que sólo está sujetos a impuestos aduaneros y no al especial de venta al por menor, de forma que no se conoce ni el valor del tabaco", ni el tributario, por lo que sin esos requisitos, dijo, no se puede mandar a un hombre a prisión.

Asimismo, rechazó que hubiera delito contra la propiedad industrial, toda vez, señaló, que "no está demostrado que Domecq haya registrado el tipo de botellas y de etiquetas como marca de su propiedad". Con todo ello, el defensor de los dos acusados manifestó que "estamos en una total indefensión".

Los dos acusados manifestaron en sus declaraciones que habían hecho trabajados esporádicos para un tal Antonio F. C., portugués, que los agentes de aduanas que testificaron consideraron improbable su existencia. Dijeron que habían trabajado de "peón" y negaron toda relación con hechos delictivos.