La concejala de Urbanismo, Cristina Herrera, desmintió ayer las acusaciones del portavoz socialista, Moisés Cayetano, en las que afirmaba que el ayuntamiento no había exigido los avales a la empresa Pyc Coronas, que construía 158 viviendas en Valdebótoa, y que la falta de ése y de otros controles legales habían influido en que esas familias estén ahora a punto de perder sus casas.

Herrera manifestó que el ayuntamiento exigió los avales previos al inicio de las obras de cada una de las cuatro fases del proyecto; que se pidieron y obtuvieron los de las dos primeras, y que en la tercera, el empresario pidió una prórroga, que incumplió sucesivamente, por lo que se decidió ejecutar el tercer aval con los dos anteriores. En cuanto al cuarto aval, esta fase no se inició, según dijo, aunque un afectado señaló que el constructor comenzó las cuatro a la vez.

La responsable de Urbanismo recordó que el proyecto tiene su origen en un convenio de 1999 en el que el ayuntamiento renuncia a expropiar unos huertos de los vecinos para hacer viviendas sociales, a petición de una empresa que se comprometió a comprarlos a mejor precio --cuatro millones de pesetas en efectivo, o a cambio de una casa pagando dos-- para hacer viviendas de VPO.

Herrera negó que el constructor haya estafado al ayuntamiento, pues "esa es una figura penal para la que no se dan las circunstancias necesarias", dijo, así como que la corporación "hará todo lo que puede por beneficiar a los vecinos, aunque cada situación es distinta", dijo y añadió que algunos han dado más dinero al mismo constructor para terminar las obras.