Los padres con niños que este año cumplen 3 años y hayan decidido escolarizarlos (no es obligatorio hasta los 6 años) tienen hasta el próximo día 27 de abril para presentar la solicitud con carácter preferente en el colegio que elijan como primera opción. El plazo para entregarla comenzó ayer y seguramente ha sembrado de preocupación muchos hogares. La delegada provincial de Educación, Piedad Álvarez, aconseja a estas familias que pregunten en el propio centro cuál está siendo la demanda, para evitar disgustos. Un ejemplo: si unos padres eligen el Luis de Morales y a la semana de abrirse el proceso ya ha recogido 70 solicitudes para las 50 plazas que oferta, está claro que no entrarán todos los demandantes. Además, en la instancia se pueden rellenar hasta un máximo de 5 centros, de forma que si un niño no es admitido en el primero, la comisión de escolarización tiene en cuenta las preferencias posteriores. Si sólo ponen uno o los tres más demandados, puede que no se matriculen en el centro elegido.
La Consejería de Educación oferta para el curso 2018/2019 en Badajoz 1.600 plazas para niños de 3 años, que son 10 menos que el curso pasado, debido al cierre del colegio Jesús Obrero, en Cerro de Reyes. Son muchas, teniendo en cuenta que en Badajoz hay registrados 1.341 nacidos en el año 2015, que son 157 menos que el curso anterior. En teoría, hay plazas para todos ellos y sobran 259, con lo que «a priori parece que podemos tener menos conflictos», aduce Álvarez. Se reparten entre 35 colegios, de los cuales 10 son concertados y su oferta educativa no ha cambiado respecto a hace un año, con la previsión de no aumentar ninguna unidad más ni tampoco incrementar las ratios en ningún centro, como viene haciendo en los últimos dos procesos de escolarización. Pero la consejería sabe que los problemas no surgen por las vacantes sino por las preferencias por unos colegios en detrimento de otros. Aunque claro, la Administración educativa defiende «la calidad» de todos los centros de Badajoz, tanto de los públicos como de los concertados.
El año pasado, en 14 colegios las solicitudes superaron la oferta. El más demandado fue el Virgen de Guadalupe, en San Roque (distrito B), una zona en la que además las plazas no cubrían toda la demanda por lo que necesariamente hubo niños que tuvieron que escolarizarse en otras adscripciones. El motivo es el mismo de los últimos años: la afluencia de niños de Cerro Gordo y La Pilara. Todos ellos tienen derecho al transporte gratuito y al comedor si se escolarizan en centros públicos de la zona escolar que les corresponde. La consejería no ha previsto que esta situación se repita porque, como dice la delegada provincial, no es posible calcular si va a volver a producirse, dado que hay familias de Cerro Gordo e incluso del propio San Roque que deciden no escolarizarlos en este barrio. Aduce que en Badajoz se da la circunstancia de que muchos padres optan por el domicilio laboral antes que el familiar, porque les resulta más práctico.
Respecto a los centros con escasa demanda (San Pedro de Alcántara, Santa Engracia, Leopoldo Pastor Sito y Manuel Pacheco), insiste en que no se plantea cerrarlos porque realizan una «función social además de la educativa».
La delegada también aconseja a las familias a que actúen «con veracidad». El hecho de que haya habido denuncias en centros educativos ha servido, según Álvarez, como «efecto disuasorio» para que los solicitantes «no intenten jugársela» aportando información que no es veraz. Todos los solicitantes tienen acceso a los datos del resto. Hace dos cursos la consejería tuvo que sacar a alumnos del colegio de Las Vaguadas y el año pasado también hubo un conflicto en Los Maristas. Los datos más susceptibles de engaño suelen ser el domicilio familiar o el laboral. «Si tenemos que actuar lo haremos, por el bien de los menores, porque el mensaje que se transmite a niños de 3 años no es positivo».
Álvarez recuerda que en los últimos cursos se han presentado recursos de alzada que la consejería intenta responder «a la menor brevedad posible», aunque señala que no siempre depende de la Junta. Para corroborar que una familia no reside donde asegura, pide la colaboración de la policía local y no es fácil «porque desgraciadamente existe mucha picaresca». Este año el procedimiento va más adelantado que el anterior, debido al retraso que se produjo al ser rechazado el nuevo decreto de escolarización.
