La Consejería de Educación ha presentado ya en el Ayuntamiento de Badajoz la propuesta para una actuación singular en el colegio público General Navarro con la que pretende resolver el problema de espacio de este edificio protegido situado en pleno corazón de la ciudad. El proyecto consiste en una construcción independiente, con forma de cono elíptico realizado con un material translúcido que ocupará casi 200 metros cuadrados, para el que habría que derribar la casa del conserje, cuya propiedad ha sido objeto de disputa entre la consejería y el ayuntamiento.

Desde el punto de vista estético, el diseño de la estructura de este espacio es neutro, para que no interfiera en la arquitectura del inmueble que va a complementar y con la apariencia de que se trata de una edificación desmontable, que en un futuro se podría incluso eliminar sin ninguna complicación técnica. La altura ronda los 2,70 metros, suficiente para que no sobresalga sobre el muro exterior que bordea el centro. El arquitecto autor es Jorge López, responsable, entre otros proyectos, de la transformación de las Casas Mudéjares.

La construcción de esta sala multiuso es una reivindicación de la comunidad educativa del colegio. De momento el proyecto que se ha presentado se limita al diseño exterior del espacio porque aún no se ha decidido si se destinará a comedor, aunque ya se ha descartado el gimnasio porque la superficie no es suficiente, una decisión que compete al Consejo Escolar del centro, según ha informado la consejería a este diario. El presupuesto inicial para su construcción, a expensas de la decisión que se adopte sobre su contenido, es de 300.000 euros.

La asociación de padres del colegio no descarta ninguna opción. El presidente de la Ampa, Adrián Rodríguez, señaló que quieren que al mediodía sea comedor, por la mañana aula matinal para el desayuno y por la tarde se desarrollarán actividades complementarias. La Ampa urgió al ayuntamiento que agilice los permisos para que las obras comiencen cuanto antes.

EL ALCALDE DECIDE El estudio de detalle y la propuesta de actuación singular para la construcción ha pasado por la última reunión de la Comisión Municipal de Urbanismo, pero según explicó el concejal del área, Celestino Rodolfo, la aprobación inicial debe hacerse por decreto de alcaldía, previa consulta del equipo de gobierno, que debe dar el visto bueno o no a esta actuación. Rodolfo mencionó que se tiene que ver la posibilidad de pedir un informe a la Comisión Provincial de Patrimonio. El concejal llamó la atención sobre que la propiedad en la que se pretende actuar es del ayuntamiento. Hay que recordar que la titularidad de la casa del conserje de este colegio ha sido objeto de litigio entre la Junta y el ayuntamiento y que existe una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura que da la razón al consistorio y desestima parcialmente el recurso de la Junta determinando que esta vivienda es un bien de dominio público municipal.

Sin embargo, la Junta, para hacer ahora uso de este espacio, se atiene a la resolución de la Secretaría General de la Consejería de Educación que autoriza el cambio de uso de esta vivienda para poder ampliar el colegio por falta de espacio, decisión que no fue recurrida por el ayuntamiento, por lo que la consejería entiende que es válida y puede realizar las actuaciones necesarias para realizar la obra de ampliación. Aclaró, además, que aunque los colegios son propiedad del ayuntamiento, la decisión sobre las obras, la distribución de espacios y su uso competen al gobierno regional.

El enfrentamiento de ambas administraciones en este asunto parece haberse diluido. La actual concejala responsable de Colegios, María José Solana (cuando el ayuntamiento acudió a los tribunales el concejal era Antonio Avila) apuntó que la decisión que se adopte debe ser la que más beneficie a la comunidad educativa y, en concreto, respecto al proyecto de derribar la casa del portero para construir una sala polivalente, Solana dijo que "estamos abiertos a cualquier posibilidad en beneficio de los niños y de su formación". Recordó que aunque es cierto que existe una sentencia que determina que esta vivienda es competencia del ayuntamiento, el alcalde y la Junta de Gobierno Local tendrán en cuenta las inquietudes y opiniones. Al mismo tiempo negó que haya habido ningún cambio de postura, sino que es una cuestión de "fijación de situaciones".