El Ayuntamiento de Badajoz tiene detectadas entre diez y doce parcelaciones ilegales en otras tantas fincas del entorno de la ciudad, entre las que se incluyen las de Los Rostros I y Los Rostros II, cuyos expedientes de restitución de la legalidad aún no están cerrados y que fueron los primeros que se abrieron tras la aprobación de la Ley del Suelo de Extremadura del 2001.

Según la información de Víctor Montero de Espinosa, del Servicio de Control y Disciplina Urbanística, el modus operandi es siempre el mismo: una persona adquiere fincas en suelo rústico, que es mucho más barato, y las vende a distintos compradores mediante porciones en proindiviso, que oscilan entre los 1.000 y 5.000 metros cuadrados. Los precios van desde 15 a 20 euros el metro cuadrado. A partir de ahí, los compradores empiezan a edificar. En esta docena de parcelaciones detectadas hay actuaciones ya edificatorias con riesgo de formación de núcleos de población.

En cumplimiento de la ley, cuando el ayuntamiento detecta una parcelación ilegal, hace una anotación preventiva en el registro de la propiedad para que esas escrituras de compra venta que los notarios otorgan no puedan inscribirse nunca en el registro, con lo cual continuarán siempre a nombre del titular original.

Según Montero de Espinosa, algunos de estos compradores son engañados, mientras que otros "saben donde se meten, no podemos decir que todos actúen de buena fe". Apunta que la mayoría de los ciudadanos "con un mínimo de formación" conocen que en suelo rústico no se pueden construir edificaciones de carácter residencial, y quiense levanta una vivienda en terreno de este tipo, por muy modesta que sea, "sabe que no es legal y no es legalizable".

Señala por otro lado que hay algunos ciudadanos que compran estas parcelas con la finalidad de plantar un huerto en los ratos libres y pasar el domingo en familia y lo que hacen es levantar un pequeño cobertizo para los aperos de labranza o un gallinero. Eso tampoco está permitido, porque si es suelo rústico debe tener una superficie mínima, que es la de unidad mínima de cultivo, que regula la legislación agraria y cuyo objetivo es evitar la atomización del campo. En Badajoz la parcela mínima agraria son, en secano, cuatro hectáreas y, para regadío, hectárea y media. Además, es suelo no urbanizable protegido, lo que agrava aún más la comisión de esta ilegalidad.

La primera parcelación ilegal que se detectó fue la de Los Rostros I en el 2002 y allí fueron demolidas algunas construcciones de infraestructuras en el 2005, que se volvieron a reponer por parte de los propietarios y se ha vuelto a ordenar su demolición.

Cuando el ayuntamiento detecta por primera vez indicios de parcelación puede que no haya aún ninguna manifestación física, sino que lo ha sabido porque alguien se ha acercado a Urbanismo a interesarse por la situación de una parcela que pretende comprar. Cuando este caso se produce, en el ayuntamiento ya están sobre aviso de que va a haber una parcelación, pero todavía no puede intervenir. Montero de Espinosa recalca que la "voluntad política" es que todos estos expedientes "lleguen hasta sus últimas consecuencias".