El ayuntamiento pondrá a la venta entre 200 y 220 de los alrededor de 300 huertos familiares repartidos por las 8 pedanías. Son los que se encuentran en suelo rústico, porque el resto, en suelo urbano, solo se podrán seguir ocupando hasta que se construya en ellos. El concejal de Poblados, Jesús Coslado, mantuvo ayer una reunión con los representantes de los usuarios para informarles sobre los avances en el proceso de regularización de estas parcelas.

Como ya avanzó este diario, el sistema elegido es la venta directa para así favorecer a las personas que históricamente los han venido utilizando, siempre que estos acrediten la antigua titularidad del Plan Irida o su uso durante un periodo de tiempo a través de recibos (agua). Un requisito imprescindible es que residan en las pedanías.

Coslado señaló que el primer paso será segregar los terrenos, para posteriormente tasar cada parcela --con entre 6.000 y 7.000 metros cuadrados de media-- y determinar su precio según establezca la ley. La tasación la hará un empresa y solo se tendrá en cuenta el valor del suelo. El edil reiteró que la intención del ayuntamiento es que la venta esté cerrada antes de final de año.

Si quedaran parcelas libres, en principio, se sacarán a subasta, pero también solo para residentes. Si es viable o no dar preferencia a los usuarios de huertos en suelo urbano, se estudiaría llegado el caso.

El portavoz de la Coordinadora de Huertos Familiares, Josué Otero, señaló que están satisfechos "en parte" con la decisión tomada, pues su demanda era que los usuarios siguiesen ocupando todas las parcelas a cambio de una cuota social. "Al menos sabemos que parte de ellos (huertos) no se van a perder".

Sobre el precio de las parcelas, los afectados confían en que el ayuntamiento cumpla su compromiso de fijar una cantidad "justa". En este sentido, Otero señaló que muchos usuarios son pensionistas o están en paro, por lo que esperan que la situación económica de estas familias se tenga en cuenta. "Los usuarios quieren los huertos, porque para algunos es como si le quitasen un brazo o una pierna, pero la posibilidad de comprar se verá cuando se conozcan los precios", dijo.

Una de las principales demandas del colectivo es que se protejan los huertos y se garantice su uso agrícola de por vida, algo que el consistorio les ha dicho que no puede hacer. Para ellos, si en el futuro se pudiera construir en ellos sería "dar una patada a la historia de estos pueblos".