La entidad de conservación de El Nevero, que ahora sólo se encarga del mantenimiento y la vigilancia de la parte nueva del polígono (SUP-E-7), va a evaluar técnica y económicamente cuáles son las necesidades de todo el polígono, incluida la zona antigua (ACO-36), con el fin de llegar a un acuerdo con el ayuntamiento sobre la financiación por la prestación de estos servicios y distribuir competencias.

Este paso adelante se produce cuando ha transcurrido un año de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) que obliga al ayuntamiento a asumir los servicios de mantenimiento y vigilancia de la zona antigua, integrada por más de la mitad de las empresas radicadas en este espacio.

A raíz de esta sentencia, se produjo la división del polígono porque ya los industriales de la zona antigua se negaron a seguir pagando sus cuotas a la entidad de conservación, ya que era el consistorio el que estaba obligado a realizar todas las tareas por las que hasta entonces habían pagado. Después de un año, la situación todavía está por definir, aunque el abandono del ACO-36 es evidente, a pesar de que, en teoría, el ayuntamiento tendría que estar ocupándose del mantenimiento. Nada que ver con el estado que presenta la parte nueva, cuya conservación supone un gasto anual que ronda los 100.000 euros.

VALORACION Entre esta semana y la próxima, la junta directiva de la entidad va a valorar cómo está el polígono, desde los imbornales, al asfaltado y la limpieza, el mantenimiento en definitiva y de este estudio resultará una propuesta, también evaluada económicamente, según ha explicado el administrador de la entidad, José Antonio Vázquez. La propuesta no será definitiva hasta que no lo autorice la asamblea. El objetivo es que la entidad de conservación funcione tanto en la parte nueva como en la antigua. Todas las negociaciones estaban hasta ahora pendientes del resultado de un informe jurídico sobre la situación encargado a un despacho de abogados, que ha determinado los derechos y obligaciones de la entidad y su ámbito jurídico.

Con el informe en la mano, el pasado lunes se celebró una reunión de miembros de la junta directiva con los concejales Alejandro Ramírez del Molino y Cristina Herrera. El principal acuerdo fue un calendario de trabajo cuyo primer paso es la evaluación de las necesidades del polígono.

COBRO A MOROSOS Además, tal como avanzó ya Herrera, el ayuntamiento se comprometió a que, como hay empresarios que no pagan sus cuotas, la entidad de conservación remitirá al consistorio los listados de los propietarios morosos. El sistema de cobro de la entidad de conservación, en base a sus estatutos, es distinto al de un comunidad de vecinos, porque aquí se hace el cobro a través de la vía de apremio de los servicios municipales, como cuando un ciudadano no paga un impuesto.

Después de Semana Santa intentarán elaborar un borrador de un convenio entre la entidad de conservación y el ayuntamiento para plasmar las obligaciones del consistorio con respecto a los empresarios y la asamblea de industriales del polígono decidirá si se llega finalmente al acuerdo. Si el convenio se firma, a la corporación local le quedará la vía de poder reclamar al Sepes, que según el informe jurídico también tiene responsabilidades en este polígono industrial.