"Hace más de un año que mi mujer no sale de casa. Está como han estado los mineros de Chile, atrapada". Es la frase que Antonio Leandro, un vecino de 80 años del Gurugú, repite varias veces mientras explica su problema.
Su esposa, María, de 73 años, tiene problemas de movilidad y está postrada en una silla de ruedas desde hace más de 20 años. El verano del 2009, se trasladaron a vivir al número 51 de la calle Nuestra Señora de la Asunción y, desde entonces, su casa se ha convertido en una especie de cárcel para su mujer. El motivo es el gran escalón que hay sobre la acera delante de su puerta, que impide que pueda entrar o salir con normalidad.
Su problema tiene fácil solución: sustituir el escalón por una rampa. Una pequeña obra. Antonio cuenta que la solicitó al ayuntamiento cuando se trasladaron a su nueva vivienda. "Vinieron a medir, hicieron fotos y me dieron el permiso, pero aquí no se ha hecho nada", lamentaba ayer.
La autorización la tiene, pero es para que pueda hacer la rampa y colocar la barandilla, corriendo él con los gastos. "¿Pero cómo pretenden que yo pague esto? Si la calle es del ayuntamiento y yo no tengo dinero", se pregunta y responde así mismo con indignación.
Desde el ayuntamiento, señalaron que solo pueden conceder permiso para que él lleve a cabo esta actuación, pero no costearla porque no se trata de un espacio de uso comunitario (pasos de peatones, por ejemplo), sino particular.
A Antonio y a María eso no les vale. El cobra poco más de 400 euros al mes y ella recibe una pequeña ayuda de unos 150 euros mensuales. Las cuentas no le cuadran y reclaman una solución.
Su cuñada, que sufre ceguera y sordera, vive con ellos y también padece esta situación.
El escalón mide apenas 40 centímetros, pero para María y Antonio se ha convertido en el obstáculo que les hace prisioneros en su propia casa.
