La privatización de la Limpieza se hará efectiva el 13 de septiembre, fecha fijada para que el pleno municipal apruebe la adjudicación definitiva a la empresa Fomento de Construcciones y Contratas (FCC). La adjudicación seguirá su curso tras salvar ayer el último obstáculo administrativo que paralizaba el proceso: el recurso especial interpuesto por GSC, una de las empresas licitadoras, contra el acuerdo plenario de adjudicación provisional a FCC.

El pleno aprobó en su sesión extraordinaria de ayer --con la mayoría del PP, los votos en contra del PSOE y la abstención de IU-- desestimar este recurso.

Sólo el PP aceptó el dictamen de la Comisión de Hacienda que se basó en los informes de los técnicos municipales, que entendieron que el recurso "no tiene fundamento". En éste, GSC alega que "han existido irregularidades y defectos en la tramitación del procedimiento que son constitutivos de nulidad del mismo".

Según la empresa, el pasado 11 de mayo se celebró el acto de apertura de las ofertas técnicas de los distintos licitadores, y 56 días después, el 6 de julio, se abrieron las ofertas económicas "sin que se diera lectura a la puntuación técnica, manifestando que aún no se tenía concluido el informe técnico y que ya se comunicaría el resultado del procedimiento".

Esta actuación de la mesa de contratación, según GSC, "vulnera" la ley y el reglamento, así como "el principio de transparencia", por lo que considera que "se debería haber esperado a la apertura del sobre económico hasta que concluyera informe técnico".

Además, alega que una de las licitadoras, la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Urbaser y el Grupo Ruiz, incumplió las condiciones fijadas por los pliegos de condiciones, por lo que pidió la nulidad.

Este recurso fue utilizado ayer tanto por el PSOE como por IU para recriminar al PP por su "torpeza" y su "actuación torticera" en este proceso de adjudicación, que se retrasará más de la cuenta perjudicando a los pacenses, que tendrán que seguir sufriendo "una suciedad nauseabunda", según el portavoz socialista, Celestino Vegas.

Para él, "las alegaciones tienen un fundamento bastante serio" y vienen a confirmar, según dijo, que "no éramos los únicos que pensábamos que los pliegos se habían hecho a medida, pero se tomaron mal las medidas".

En este sentido, Vegas reprochó que "lo tienen tan claro", que FCC está trabajando ya en la ciudad sin que aún haya firmado el contrato. "Desde febrero intuíamos que esto era para FCC, por eso no podíamos formar parte de la mesa de contratación".

Por su parte, el portavoz de IU, Manuel Sosa, calificó de "graves" las denuncias de GSC, por lo que pidió al PP que "rectifique y declare nulo el proceso".

Ambos portavoces lamentaron que se utilice a los técnicos "cuando la decisión la toma el alcalde, no los técnicos".

LA CREDIBILIDAD Ante las críticas, el portavoz del PP, Francisco Javier Fragoso, respondió que a la oposición "no le interesa que el proceso vaya bien" y acusó a los dos grupos de "darle más credibilidad a una empresa, que presentó la peor oferta posible, que a los técnicos del ayuntamiento".

Fragoso insistió en que se trata de una "argucia" de la empresa para anular el proceso y volver a concurrir con un proyecto diferente al que presentó, "que no estaba a la altura de la ciudad".

Según declaró, la mesa de contratación "ha actuado de forma correcta y con transparencia" e insistió en que en el informe del secretario general constaba que estaba hecha la valoración técnica, "hecha, firmada y registrada con anterioridad a la apertura de las ofertas económicas".

Fragoso recordó que la mesa de contratación tiene mayoría técnica y replicó que si FCC, que ya presentó los avales, ha decidido ir adelantando el trabajo en la ciudad antes de la adjudicación definitiva, "allá ellos".

ACCIONES JUDICIALES En el caso de que GSC decidiera presentar un recurso contencioso administrativo, la adjudicación no se paralizaría, continuaría hasta que el juzgado resolviese.

Los servicios jurídicos de GSC declararon ayer a EL PERIODICO que todavía no tienen "una posición clara" respecto a la posibilidad de recurrir ante el juzgado. "Cuando tengamos conocimiento oficial de los argumentos del ayuntamiento valoraremos nuestra actuación". Desde los servicios jurídicos quisieron dejar claro que "sólo defendemos los derechos de GSC, no queremos molestar al ayuntamiento".