El día 9 de octubre se celebra en el Juzgado de lo Penal número 2 de Badajoz el juicio contra un trabajador del Centro de Discapacitados de Olivenza, acusado de 26 delitos contra la intimidad, con carácter continuado, por haber instalado entre diciembre de 2008 y diciembre de 2013 dos microcámaras en el aseos para espiar y grabar a sus compañeras desnudas o semidesnudas, según el relato de hechos de la Fiscalía.
El ministerio público solicita en sus conclusiones provisionales una pena de 3 años, 7 meses y 15 días de prisión, así como 22 meses de multa a razón de 8 euros diario.
Para llevar a cabo las grabaciones, explica el fiscal, el procesado colocó dos microcámaras en las papeleras con la finalidad de "captar imágenes de sus compañeras desnudas o semidesnudas mientras utilizaban los aseos". Una vez efectuaba las grabaciones, se indica en el escrito, el acusado transfería, tanto a su ordenador portátil como al que tenía instalado en su puesto de trabajo, los vídeos con las imágenes así obtenidas, almacenándolas en archivos de imagen y vídeo que guardaba en carpetas con el nombre de las afectadas.
Con todo esto, señala el Ministerio Fiscal, buscaba "obtener una satisfacción sexual con su visionado y sin que conste la difusión a terceros de las imágenes en cuestión".
Asimismo, el acusado colocó también cámaras de grabación ocultas en otros aseos y dependencias de su entorno familiar tales como su propio domicilio, donde grabó igualmente a otras personas, se afirma.
A consecuencia de los hechos, diversas personas han presentado trastornos adaptativos ligados a episodios de ansiedad.
El informe del médico forense indica que el acusado presenta alteraciones psicopatológicas encuadradas en los trastornos sexuales, más concretamente dentro del "voyeurismo", lo que afectaría a sus capacidades volitivas en relación con los hechos cometidos.
El procesado se encuentra con orden de alejamiento de las víctimas desde el 9 de abril de 2015 y de forma voluntaria ha ingresado, en concepto de responsabilidad civil, 16.500 euros.
Por estos hechos se enfrenta a 26 delitos contra la intimidad por lo que se le solicita la pena de tres años y siete meses de prisión y el pago de 22 meses de multa a razón de 8 euros.
