El fiscal jefe de la Audiencia de Badajoz, Antonio Mateos, confirmó ayer a EL PERIODICO la intervención del fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, en la investigación sobre la legalidad de la adopción de cinco niños nicaragüenses, entre ellos una niña de 5 años que convive con una familia extremeña en la provincia de Badajoz, a raíz de una denuncia de la Junta.
Antonio Mateo manifestó que el fiscal general del Estado no ha ordenado a la Fiscalía de Badajoz directamente que se investigue las circunstancias de la adopción, toda vez que ya ha abierto un expediente informativo de protección de menores para saber las circunstancias en que llegó la menor a España, sino que "se ha interesado y en fechas recientes pidió al fiscal jefe del TSJEx, que informe sobre el estado de la menor, petición que se ha remitido desde fiscalía del TSJEx a la fiscalía pacense, donde está físicamente la causa y donde se lleva directamente".
El fiscal jefe de Badajoz explicó que "lo primero que tenemos es la apertura de diligencias a partir de la denuncia de la Junta, que como se puso en contacto con otras instancias y otras administraciones, tampoco se puede descartar que alguna haya pedido la intervención del fiscal general". Y que "si se derivaran sospechas de actuaciones delictivas, se abrirían diligencias judiciales".
MAS CASOS
La petición de Cardenal afecta también a cuatro hermanos menores que residen en Baleares y, según publicó el diario El País , que afirma que el fiscal general ha ordenado investigar las adopciones supuestamente irregulares, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales tiene indicios de que puede haber algún menor más en igual situación.
Los cinco niños aludidos llegaron a España con una cooperante procedentes de Managua, que fue quien buscó las familias de acogida, en Baleares y en Extremadura. En todos los casos, las autoridades nicaragüenses se negaron a legalizar unas actas notariales por las que los padres biológicos de los menores cedían la patria potestad de sus hijos, algo que no es legal ni en aquel país ni en España, lo que dificulta que se regularice la situación de los niños.
