La Fiscalía de Menores de Badajoz investiga la legalidad de la adopción de una niña nicaragüense por una familia extremeña, y se ha puesto en contacto con el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Baleares, donde residen cuatro hermanos adoptados de la misma nacionalidad, publicó ayer El País . Los cinco niños, de 5 a 12 años, residen en España desde 1998.
En Badajoz, la fiscalía actuó alertada por la Junta de Extremadura de que la menor residía en la región. También constató que la niña se encuentra en buen estado y bien atendida, a raíz de tomar declaración a la pareja que la tiene en adopción.
Según el citado diario de Madrid, Hilario Manuel P., padre de cuatro de los niños, denunció el 13 de agosto que sus hijos y esposa, Isabel H., viajaron a España en diciembre de 1998 con dos mujeres españolas y que 15 días después, la madre regresó a Nicaragua sin los menores. El padre justificó la tardanza de cuatro años en hacer la denuncia en que creyó que los niños estarían mejor atendidos en España.
NEGATIVA DE LA EMBAJADA
La embajada española se negó a legalizar las adopciones y las autoridades de aquel país investigan la presunta falsificación de documentos y la actuación de una autoridad judicial local. El cónsul español no descarta que haya más casos.
La investigación se inició hace un año, cuando un abogado nicaragüense intentó legalizar la adopción de cuatro hermanos (los de Baleares), lo que le fue rechazado por el cónsul, como la pretensión de legalizar la de la niña que vive en la región, nacida en 1997. En ambos casos, ese abogado intentó inscribir a los menores en el Registro Civil presentando un contrato ante notario de cesión de la patria potestad, de forma privada y sin la intervención de un juez, lo que está prohibido en la legislación española, según fuentes de la Oficina de Información Diplomática (OID).
EL HURACAN MITCH
Los menores llegaron a España después de que el huracán Mitch arrasara parte de Nicaragua. Eran una bebé, una niña de año y medio, otra de 4, un niño de 7 y otro una niña de 10. Llegaron con su madre y una cooperante y empresaria de Baleares, que luego buscó las las familias de adopción, entre ellas, a la pareja que reside en Extremadura.
Según manifestó esta cooperante, los trajo a España porque un sacerdote el pidió que ayudara a la familia. Ella reclamó que todo fuera legal. Y contó que la madre volvió a su país con las dos niñas mayores, pero que en un segundo viaje suyo, se trajo a la pequeña a petición de la madre, porque le dijo que trabajaba de sirvienta y era objeto de abusos. Entonces, por indicación de una juez local, la niña viajó a España acompañada de una abogada.
CON JUEZ Y NOTARIO
Poco después, la juez de Quzalguaque alertó a la cooperante de que otra niña de la ciudad nicaragüense de León (de donde son todos los menores) se encontraba en mala situación. Esta contactó con el matrimonio extremeño y una juez y y un notario de aquel país trajeron a la pequeña a Extremadura en septiembre del año pasado, asegurando que todo era legal, según declaró la pareja que se hizo cargo de la menor.
Asimismo, el documento que que les otorga la custodia lleva el sello del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Corte Suprema de Nicaragua.
