La Fiscalía de Badajoz no ve delito de prevaricación administrativa en la actuación del presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, tras estudiar la querella de los alcaldes de la pedanía pacense de Villafranco y la localidad de Guadiana contra él, por establecer la obligatoriedad de cumplir con la Ley de Memoria Histórica para acceder a las subvenciones que convoque la institución provincial.
Así lo hace constar el teniente fiscal de la Fiscalía de Badajoz, Miguel Martín, en su informe para las diligencias previas de la causa penal que lleva el Juzgado de Instrucción número 2 de Badajoz, a raíz de la ampliación de la querella, “que versa sobre la presunta comisión de un delito de prevaricación administrativa”, según hizo público nay3er el fiscal jefe provincial de Badajoz, Juan Calixto Galán.
El objeto de material de la querella lo constituye “la aprobación del Decreto 26.I.17 anuncio 314/17, BOP de 27.I.17, de aprobación de las bases específicas con convocatoria reguladoras de subvenciones de la Diputación de Badajoz destinadas a la celebración de actividades deportivas durante el año 2017”. En concreto, según el informe, a dos extremos: “la elaboración/aprobación y presentación de un catálogo de vestigios de exaltación de la sublevación militar, de la guerra civil y represión de la dictadura (franquista). Y “el compromiso de retirada de símbolos relativos a los anteriores extremos”. Todo ello con referencia a lo dispuesto en la Ley de Memoria Histórica, y configurándose su incumplimiento como causa de reintegro de la subvención”, como consta en el texto.
