El fiscal José Luis Alonso, que abrió diligencias informativas "por derivación" de la Fiscalía Anticorrupción ante la denuncia que presentó el concejal de Izquierda Unidad (IU) Manuel Sosa en relación a la permuta de terrenos entre el ayuntamiento y Caja Badajoz --el 7 de julio del 2008--, ha decretado el archivo de las mismas al no apreciar materia delictiva ni de carácter penal, según consta en el Decreto de fecha 20 de mayo del 2009.
Celestino Rodolfo, concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Badajoz, manifestó ayer que tenían conocimiento del archivo de las diligencias informativas "desde hace unos días", pero que ni él, ni su grupo han querido pronunciarse al respecto hasta conocer el contenido del Decreto de la Fiscalía, del que se han hecho mediante la presentación de una petición del alcalde, pues al ayuntamiento no se le ha comunicado la decisión.
Quien sí lo conocía desde hace tiempo, porque si se le comunicó al ser el denunciante, es el concejal de IU Manuel Sosa. Este manifestó que "solo sabemos lo que nos ha comunicado la fiscalía, que archiva las diligencias porque no aprecia material penal, por eso hemos pedido la documentación en la que ha basado su decisión para ver si dejamos el caso o si se puede recurrir a una instancia superior".
CATADURA MORAL Celestino Rodolfo criticó que el concejal de IU no se conformara con acudir a la justicia ordinaria, "sino que va directamente a la Fiscalía Anticorrupción, lo que dice mucho de la catadura moral del personaje". Y aclaró que se refería solo a Manuel Sosa, "pues sé que en IU hay mucha gente sensata que no tiene que ve con el proceder del concejal", de quien criticó su "política barriobajera".
El concejal de Urbanismo criticó que IU cuestione la honorabilidad y honradez de técnicos y políticos del ayuntamiento y que colapse el servicio cada vez que plantea una cuestión por la cantidad de gestiones y papeles que requiere el juzgado, "solo para conseguir unos titulares en los medios". Y expresó su "plena confianza en los técnicos municipales".
Rodolfo se mostró convencido de que "la ciudad sabrá pasarle factura" y de que con el otro caso que está en la Fiscalía Anticorrupción, el del canal de Badajoz, ocurrirá como con éste. Y añadió que la fiscalía señala en su argumentación que, en cualquier caso, se trata "de materia administrativa y no penal".
El decreto de la fiscalía también resalta que la permuta, referida a una parcela de 19.963 metros cuadrados de propiedad municipal, por otros bienes de la entidad, cuenta con la aprobación de un acuerdo plenario que la avala. Igualmente se refiere a que prestaron declaración los técnicos Carlos de Benito y Belén Abreu, y a los inermes periciales encargados para determinar el valor de los terrenos, que era una de las cuestiones que planteaba la denuncia de Sosa.
La fiscalía indica que el valor se ajusta a los usos determinados, pues "no es lo mismo unos terrenos que pueden generar plusvalías, a darle uso administrativa con la construcción de un edificio emblemático corporativo", con "importantes limitaciones de dominio" y asumiendo "el adquiriente todas las cargas", previa aprobación por los grupos municipales.
A juicio del fiscal, "se cumplen los criterios de valoración" conforme a la ley, como indican los informes periciales solicitados, que concluyen "que tienen un carácter correcto de valoración". Por todo ello, "no entiende que existan indicios de conducta delictiva" y decreta "el archivo de las diligencias".
