La fiscalía de Badajoz ha remitido las diligencias informativas seguidas por la denuncia de IU por unas actuaciones en el Centro de Profesores y Recursos (CPR) de Badajoz "al Juzgado Decano para se practiquen las diligencias previas para la averiguación y esclarecimiento de los hechos".
El coordinador regional de IU, Víctor Casco, entregó en la fiscalía hace dos semanas una documentación relativa a "presuntos usos indebidos de fondos públicos, por la emisión de facturas falsas de tóner", que en su opinión "escondían la compra de diez agendas electrónicas para la directora y sus nueve asesores en el CPR".
También se refirió a "la existencia de más de 8.000 euros en concepto de alquiler de ordenadores portátiles para cursos del CPR que no duraron ni dos semanas".
La agrupación local de IU expresó a través de un comunicado de prensa su "satisfacción" y espera que "todo quede aclarado para que desde las instituciones públicas se actúe con total y absoluta transparencia". En opinión de IU, "la apertura de diligencias permitirá que se aclaren todos los extremeños y puedan justificarse adecuadamente los más de 10.000 euros que no están debidamente justificados".
Piedad Salas manifestó ayer a este diario que no ha recibido notificación alguna de la denuncia de IU, ni ha sido llamada a declarar por la fiscalía, ni tiene conocimiento de lo que se le acusa.
