La carta que ha recibido el Ayuntamiento de Badajoz del Comité de Expertos de la Memoria Histórica creado por la diputación comucándole que en esta ciudad y sus poblados se conservan vestigios de carácter franquista que «deberá retirar» en el plazo de 3 meses provocó ayer la reacción inmediata del alcalde pacense, Francisco Javier Fragoso, que acusó al presidente provincial, Miguel Ángel Gallardo, de inmiscuirse en decisiones que sólo incumben a los ciudadanos de Badajoz y de erigirse en «juez» cuando exige el cumplimiento de esta ley.

La carta llegó al ayuntamiento el lunes. Badajoz es el municipio de la provincia en el que este comité ha localizado más vestigios: 19, cuyas fichas acompañan el escrito, con fotos, motivación y una «propuesta de actuación».

Existen cinco nombres de calles que propone eliminar y retirar la placa de la vía pública. Se trata de los Grupos José Antonio (referidos a José Antonio Primo de Rivera), la calle Antonio Cuéllar Grajera (abogado de Badajoz que fue capitán del Estado mayor y presidente de la diputación durante el franquismo), la calle General Carracedo (general de la Guardia Civil que presidió la diputación entre 1965 y 1970), la avenida Adolfo Díaz-Ambrona Moreno (Ministro de Agricultura entre 1965 y 1969 y presidente de la diputación desde 1949 a 1945) y la calle Juan Jara (falanguista de Zalamea de las Serena asesinado el 3 de diciembre de 1933 cuando pegaba carteles de propaganda, fue uno de los fundadores de la Falange de Extremadura).

Para otras cuatro calles, el comité, aunque recomienda con carácter general que se eliminen, añade que debe decidirlo el pleno municipal «atendiendo a las circunstancias» de cada uno de los nombres. Todas están dedicadas a alcaldes durante el franquismo: la avenida Antonio Masa Campos, la de Fernando Calzadilla, Jaime Montero de Espinosa y la de Ricardo Carapeto Burgos.

El listado incluye también el parque de la Legión. Fragoso apuntó ayer que este espacio ha cambiado su denominación, aunque popularmente siga manteniéndola. El comité propone que el ayuntamiento «haga una declaración oficial anulando los motivos originales por los que fue nombrada esta plaza sustituyéndolos por otros». Es la misma recomendación que realiza para la plaza de los Alféreces (en época democrática se suprimió el adjetivo «provisionales»). El catálogo incluye también la calle 18 de diciembre, que aunque no figura en el callejero facilitado por el Instituto Nacional de Estadística, sí aparece en el censo fiscal de calles del ayuntamiento.

Se menciona también la Cruz de los Caídos y el conjunto escultórico de Juan de Ávalos, para los que se recomienda su traslado al cementerio.

En cuanto a las placas, aparece la situada en una de las fuentes del parque de la Legión, que recoge el texto: «Estos jardines se crearon por iniciativa de Antonio Masa Campos, alcalde de esta ciudad. Sirva este recuerdo como expresión de gratitud del pueblo de Badajoz. Junio de 1949). También será el pleno el que decida si se elimina o no. La recomendación para otra placa que existe en la plaza de España (en su iconografía está representada la «nueva España» y persiste el escudo republicano) es que sea retirada y conservada para su posible musealización. Se añaden las placas del Instituto Nacional de la Vivienda localizadas en San Roque (31), otras 7 en Pardaleras y una en el número 2 de la avenida Alcaraz y Alenda. Por último, se propone eliminar el topónimo de la pedanía de Villafranco del Guadiana. Durante el proceso de elaboración del catálogo, también se incluyeron vestigios en el poblado de Balboa: la colonia Carlos Haya y la calle General Franco.

Tras la polémica surgida, Gallardo quiso aclarar que la diputación no tiene capacidad para obligar a nadie en materia de memoria histórica, sólo para suspender las subvenciones, en las que uno de los requisitos de la convocatoria es la eliminación de los vestigios franquistas. El presidente de la diputación realizó estas declaraciones en Mérida a pregunta de la prensa, donde manifestó que sólo son de obligada eliminación aquellos «personajes o símbolos que participaron directamente en la contienda o forman parte de la propaganda del franquismo. En el caso de aquellos de retirada recomendada, la no eliminación no implica la pérdida de las subvenciones de la diputación y la decisión final es de la corporación municipal. Recordó que el catálogo está dentro del plan estratégico de la diputación, aprobado por el pleno, por lo que es un mandato que hay que cumplir. No obstante, apuntó que las subvenciones públicas son de libre concurrencia y si un ayuntamiento decide pedirlas tiene que cumplir sus bases.

El alcalde, por su parte, se mostró tajante al defender que «la ciudad tiene un absoluto compromiso con el cumplimiento de la ley» y no admitió que sea Gallardo el que la interprete. «Si se tienen que analizar los vestigios, lo hará la ciudad de Badajoz, no la diputación». «Yo sé que a él le gustaría ser alcalde de Badajoz, pero desde la diputación no la va a gobernar», le reprochó. Fragoso restó importancia a este tema, del que dijo que forma parte de una «estrategia nacional» que el PSOE utiliza con fines electoralistas y que Gallardo emplea en su carrera hacia la presidencia de la Junta, según el alcalde pacense. Fragoso recalcó que los nombres de las calles de Badajoz los deciden los representantes de esta ciudad, «no los de Villanueva» y pidió a Gallardo «que no chantajee» porque el dinero público se debe usar en beneficio de los ciudadanos. También acusó de «sectario» al comité de expertos, pues considera que su misión debería ser la de asesorar a los municipios que pidan ayuda y que Badajoz no la necesita.