El presidente de CSI-CSIF, Francisco Márquez, reclamó ayer a Interior y a Instituciones Penitenciarias "amparo" ante la campaña "difamatoria" de un supuesto grupo anarquista que mediante panfletos y una página web acusa a los funcionarios de la prisión de Badajoz de asesinato, por la muerte el 20 de julio del recluso Francisco Ortiz Jiménez, por parada cardiorrespiratoria, según el forense.
Márquez afirmó que el ambiente en la prisión es de crispación "y desamparo; de indignación, pues si su labor ya es difícil con dos funcionarios para 80 internos, que te acusen de asesinato es mezquino". Por ello han pedido que se identifique a los acusadores, para ejercer acciones judiciales.
El delegado sindical de la prisión Diego Márquez dijo que "los presos Fies (Fichero de Internos de Especial Seguimiento), los más peligrosos, tienen contacto con grupos anarquistas y con terroristas de ETA y Grapo" y que "pueden tener su apoyo, pues una web cuesta dinero".
El malestar es también por "el silencio de Interior y de la dirección general, que cuando hay algún incidente enseguida mandan a alguien a buscar responsables, pero cuando tienen que defender a los trabajadores callan y no hacen nada aunque ya sabían todo esto". Por ello, dijo Márquez, los funcionarios se sienten "maltratados, porque no se reconoce nuestra labor".
LA CARTA
Francisco Ortiz fue hallado muerto en su celda junto a una carta informando de que se quitaba la vida y que, previamente había mandado al exterior, pues "figura en los panfletos y en internet". En la web referida hay frases como "mientras que no empiece a haber muertes de carceleros esto seguirá igual"; "ya lo había intentado antes --suicidarse--"; "decide morir libre y conscientemente"; "no ha sido un suicidio. Lo han asesinado", o "Puede ke llegue el día en ke les de miedo tocarnos".
"Me atrevo a decir --afirmó Márquez-- que se suicidó por ingestión de barbitúricos, aparte de por su carta, porque ya lo había intentado varias veces antes en otros centros y, precisamente los funcionarios le salvaron la vida cada vez que intentó quitársela". El informe forense definitivo está pendiente del análisis del Instituto Toxicológico de Sevilla.
Asimismo, los sindicalistas negaron que hubiera huelga de patio; señalaron que el preso, que había pasado por todas las cárceles españolas llevaba dos meses en la de Badajoz y que contaba con atención psicológica, de educadores y asistentes sociales, y que era un preso peligroso, pues llevaba 23 años en prisión y tenía por delante un pena de otros 27, por numerosos delitos relacionados con robos, atracos, la muerte de un policía en una de sus salidas, participación en motines e intentos de fuga.
