La Asociación Pro Iustitia estima que una normativa dictada en mayo por la Diputación Provincial de Badajoz limita el acceso a las nuevas tecnologías de la información e internet, creando inseguridad e indefensión jurídica en el personal que trabaja en la institución.
Dicha normativa expresa una voluntad sancionadora para los trabajadores que utilicen internet y medios informáticos con fines ilegales. El problema, según Pro Iustitia , surge "cuando en la normativa se menciona la difusión de contenidos sexistas, racistas o xenófobos, sin proporcionar al trabajador una definición precisa de qué debe o no debe entender por tales conceptos, quedando al criterio subjetivo de la diputación determinar si el trabajador ha incurrido en alguna ilegalidad".
Fuentes de la institución afirmaron que "a partir del artículo 20.4 de la Constitución, el Tribunal Constitucional aclara cuáles son los límites de la libertad de información, independientemente de que el uso de las tecnologías de la información públicas se deben destinar, como así recomienda la circular, a la mejora y desempeño de las funciones públicas que cada cual tenga asignadas".
La asociación Pro Iustitia ha reclamado una nueva normativa que garantice la seguridad jurídica y los derechos del personal de la diputación.
