El alcalde de la localidad de Guadiana, Antonio Pozo, ha rechazado el plazo para eliminar los vestigios franquistas indicados por la comisión de expertos de la diputación en el catálogo elaborado al efecto, pues considera que «hemos demostrado que nuestro ayuntamiento es el primero de España en cumplir con la Ley de Memoria Histórica, avalado por la reciente sentencia del Tribunal de lo Contencioso del 30 de abril». Y que ha comunicado a la diputación «que no ha lugar a amenazas en este sentido, ni argumentos jurídicos, basados únicamente en los antojos de un arbitraria comisión».
Acusa al presidente de la institución de no firmar requerimientos personalmente porque «no quiere verse envuelto en otra querella por prevaricación». Y dice que «le hemos comunicado que puede ahorrar el plazo de 3 meses y tomar las medidas que estimen oportunas».
Pozo se refiere a la carta recibida, en la que la diputación recuerda que aún tiene tres meses para eliminar los vestigios franquistas y que pasado ese periodo, de no hacerlo, tendrá que devolver el ayuntamiento 141.279,74 euros en concepto de varias subvenciones, por incumplir la Ley de Memoria Histórica.
La diputación confirmó ayer que se han enviado cartas como la citada a varios municipios afectados, si bien no aclaró a cuáles ni las cuantías que deberían devolver cada uno de ellos; solo aclara que «no se ha hecho ninguna reclamación aún».
Así mismo, el Ayuntamiento de Badajoz, otro de los municipios supuestamente afectados --el catálogo cuenta 19 vestigios--, por él y por la pedanía de Villafranco del Guadiana, respondió que no ha recibido ningún requerimiento de este tipo.
