Un alcalde, un miembro de un equipo de gobierno o un representante político no pueden o no deben contestar con la frase "de ese tema no voy a hablar", cuando el contenido de la cuestión no versa sobre su vida privada ni el asunto está bajo secreto de sumario. Esta respuesta es inconcebible e inadmisible cuando de lo que se trata es de informar sobre las negociaciones que se están llevando a cabo para poner en uso una propiedad municipal, que no pertenece ni al alcalde, ni al miembro del equipo de gobierno ni al representante político, sino a todos los ciudadanos de ese municipio. Cuando un medio de comunicación se interesa por el devenir de un bien público está actuando de transmisor entre el proceder del representante y el interés del representado, entre el político y el ciudadano. El primero está obligado a gestionar lo mejor posible los bienes de su municipio, que pertenecen a todos sus vecinos, y los segundos tienen derecho a saber cómo lo están haciendo y cuáles son los objetivos que se marcan, sobre todo cuando no tienen mayoría suficiente para sacarlos adelante. Por eso cuesta entender que en el asunto de la puesta en uso de la finca municipal de las Arenosas, toda la información que ha trascendido y que se ha publicado no haya partido del equipo de gobierno, que es el que ha estado y está llevando las negociaciones con un promotor privado que pretende poner en marcha en estos terrenos un centro hípico y sacar rendimiento económico de un bien público.

La información no es de ayer ni de antes de ayer. La propuesta procedente de un grupo empresarial vinculado a los Emiratos Arabes llegó al ayuntamiento, ya por escrito, en septiembre, con lo cual se supone que las negociaciones o las conversaciones tuvieron que comenzar mucho antes, como así parece que ha sido. Nadie ha abierto la boca y nada ha trascendido en estos largos meses. Y se molestan en el equipo de gobierno porque precisamente la historia haya salido a la luz cuando han compartido las intenciones de los árabes con los concejales de la oposición, como si estuvieran acusándolos de cotillas o de ser incapaces de guardar un secreto. ¿La negociación podía estropearse si se hacía pública? ¿Por qué? Cuando de lo que se está hablando es de un terreno de titularidad pública no valen los secretos, porque además la Ley de Contratos de las Administraciones regula con total claridad los procedimientos y la adjudicación debe cumplir requisitos en los que precisamente la publicidad ocupa un lugar destacado.

El acuerdo no se podía firmar sin que pasase por el pleno de la corporación la constitución del derecho de superficie, como hizo el viernes, con lo cual, en algún momento el procedimiento se tenía que iniciar y hacerse público. La ley exige que la adjudicación debe hacerse por concurso, al que podrán acudir los árabes, pero también otros postores, en igualdad de condiciones se entiende y ganará el mejor. La asignación no puede ser directa. Sirva de ejemplo lo ocurrido en las Cuestas de Orinaza con la adjudicación del punto de acopio de ripios a la asociación de transportistas en un terreno público, una decisión que la justicia tumbó. Ahora se tienen que hacer las cosas bien. ¿Entonces a qué viene ese secretismo? Por muy bien que se esté haciendo y se estén cumpliendo todos los trámites administrativos a rajatabla, si cuando trascendió el proyecto parecía una inocentada, ahora que empieza a cobrar visos de realidad, hace sospechar que algo se nos escapa.