La diputada autonómica del grupo popular en la Asamblea de Extremadura, Cristina Herrera, exconcejala en el Ayuntamiento de Badajoz, defendió la transparencia de su actuación en relación a la multa impuesta por un agente de la Policía Local de Badajoz de 150 euros por hablar por el móvil el 17 de diciembre del 2008 (ver diario del pasado 12 de junio).

La exconcejala recurrió primero por vía administrativa ante el propio ayuntamiento y posteriormente ante el juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Badajoz, cuyo fallo ratifica la citada sanción.

Herrera explicó a este diario que en su momento recurrió porque le pareció "injusta la sanción" de la policía local, pero que una vez conocido el fallo judicial, no tiene nada que comentar sobre el mismo y anunció que no recurrirá ante instancias superiores, asumiendo de este modo la multa de 150 euros.

La diputada manifestó que su forma de proceder demuestra "que no he buscado favoritismo alguno, que a mí me ponen multas como a cualquier otro ciudadano y que las pago si he perdido el recurso, sin privilegios, cuando a otros se las quitan".