Los ciudadanos que soliciten o renueven el bono social eléctrico y deban acreditar que en la unidad familiar hay víctimas de violencia de género, terrorismo o personas con una discapacidad igual o superior al 33% para beneficiarse de un descuento mayor (0,5% más) en la factura de la luz tendrán que solicitar un informe al Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS). Así lo recordó ayer la concejala del área, Rosario Gómez de la Peña, quien señaló que las compañías están devolviendo muchas de las solicitudes que les llegan por no adjuntar este informe. También deben ser los servicios sociales los que acrediten la situación de riesgo de exclusión social de los demandantes.
Así lo establece el decreto del nuevo bono social eléctrico que entró en vigor en octubre pasado. El plazo para solicitarlo o renovarlo concluye el 10 de abril. Se contemplan dos categorías: consumidores vulnerables (25% de descuento) y vulnerables severos (40% de descuento), aunque dentro de esta última están aquellos en riesgos de exclusión social (el 50% lo abona la administración a través de las ayudas de Mínimos Vitales y el otro 50% las eléctricas).
