Periodista
El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Badajoz tarda en reaccionar en determinadas cuestiones y no sé si es intencionado o consecuencia de una incapacidad.
Ha vuelto a ocurrir con una ley largamente demandada por la sociedad extremeña y también por las administraciones. La Asamblea de Extremadura aprobó la semana pasada la Ley de Convivencia y Ocio que, entre otras cuestiones, prohíbe beber en la calle y da pie a los ayuntamientos a trasladar este fenómeno juvenil fuera del casco urbano.
El ´botellón´ es un problema generalizado en todos los municipios, pero las consecuencias son más desbordantes cuanto mayor es la población. Los alcaldes de tres de las ciudades más importantes de la región, Cáceres, Plasencia y Mérida no tardaron en pronunciarse sobre la ley y aunque críticos --por algo son del PP y la propuesta ha partido de la Junta, socialista-- ya aportaron soluciones en base a esta nueva normativa e incluso avanzaron los lugares dónde van a trasladar a los jóvenes. Sin embargo, el ayuntamiento de la población mayor de la región, el Ayuntamiento de Badajoz, todavía no se ha pronunciado.
El concejal de Seguridad Ciudadana, Alejandro Ramírez del Molino, se limitó a decir en un primer momento que tienen que estudiar en profundidad el texto legal. A los pocos días volvió a repetir el mismo argumento y en su última manifestación al respecto dijo que la semana próxima habrá una decisión tomada. Sea cual sea el lugar que se elija para celebrar el ´botellón siempre saldrá alguien perjudicado y, a dos meses de las elecciones, resulta arriesgado.
