El Arzobispado de Mérida-Badajoz abrió ayer el proceso para la canonización de 35 religiosos de la diócesis que fueron asesinados en 1936. El objetivo final es que Roma los declare santos, aunque hasta entonces podrán transcurrir muchos años.
Ahora se tendrá que demostrar, con testimonios, que estos religiosos murieron "estrictamente" por razones de fe y no ideológicas. Siempre que se detecte que en la muerte de alguno de ellos existe una implicación política, quedará "apartado", según palabras del arzobispo, Santiago García Aracil, para evitar "el equívoco", porque se "enconarían las relaciones sociales".
La iniciativa ha partido del propio arzobispo, Santiago García Aracil, que ya lo hizo cuando fue obispo de Jaén. Esta actuación se ha iniciado hace tiempo en buena parte de las diócesis españolas. La lista de la diócesis de Badajoz, que está abierta a nuevas incorporaciones, está integrada por 29 sacerdotes, 2 seminaristas y 4 religiosos. Hay menos religiosos porque existen otros casos cuyo proceso ha sido iniciado por sus congregaciones. Puede que algunos de los que forman parte de la lista no reúnan elementos para que la investigación concluya.
El arzobispo reconoció ayer que puede ser una cuestión "aparentemente polémica y ampliamente ejemplar" pero recordó que desde ámbitos políticos se está insistiendo en la recuperación de la memoria histórica referida a un pasado inmediato sobre el que "no todos piensan igual" y cuando la Iglesia abre el proceso de beatificación "parece que está montando un cirio y que esté excitando y empujando a entrar en una colisión". Cuando el arzobispo emplea el término político es, según dijo, en sentido amplio, ciudadano, con la intervención de políticos, historiadores o universidades.
GARCIA LORCA Aracil defendió que la Iglesia tiene que hacer este proceso "como un deber de justicia", que además están practicando "todos" y puso como ejemplo los reconocimientos al poeta García Lorca, cuya imagen apoya que se recupere "porque es una riqueza de nuestra nación en el ámbito de las letras". En el mismo sentido entiende que desde el punto de vista de la Iglesia, si hay gente que dio testimonio de santidad, hay que reconocérselo "sin chantajes, aunque no creo que los haya".
Además de ser un "deber de justicia" con los "mártires", el arzobispo cree que también es con "el pueblo", porque "tiene derecho a tener testimonios y puntos de referencia actuales".
García Aracil compareció ayer junto al delegado episcopal para las causas de los santos, Sebastián González, para defender la importancia para la diócesis de este proceso porque, según dijo "es consolador tener materia prima de la cual se puede sacar la conclusión de que fueron santos" y afecta a "gente que ha vivido con nosotros y que todavía tiene familia y amigos vivos". El arzobispo quiso dejar claro que "la Iglesia no hace santo a nadie, sino que reconoce que fueron santos".
El inicio del proceso de canonización se ha hecho coincidir con el año en que se celebra el 1.750 aniversario del primer documento que habla de la Iglesia en Extremadura, concretamente en Mérida, y el 750 aniversario de la implantación de la Iglesia en Badajoz. Ayer se tomó juramento a los jueces y se anunciaron los días en que declararán testigos directos. García Aracil recordó que la Santa Sede es "terriblemente rigurosa".
