Hace dos semanas que se conoció la sentencia de segunda instancia que confirmaba otra de primera, que absolvía al concejal Justo Vila en la demanda del diputado autonómico, senador, expresidente provincial del PP y empresario, Vicente Sánchez Cuadrado, en defensa de su honor, a raíz de las declaraciones del edil, que denunció, no a Sánchez Cuadrado, sus empresas o las de sus familiares, sino al equipo de gobierno municipal, de favorecer los intereses de las empresas de sus amigos y allegados y de permitir el enriquecimiento de algunos de sus miembros a base de "pelotazos urbanísticos".
La respuesta popular, aparte de algún insulto a quien pidió la opinión de su portavoz sobre la sentencia y sobre la acusación del grupo socialista al popular de "permitir el enriquecimiento de concejales y del alcalde", se desvanecía conforme se eludía, aunque sea paradójico.
La sentencia estima que la denuncia se basa en hechos verídicos y confirma los fundamentos jurídicos de la primera, que incidía en el ámbito político del debate y la veracidad de los datos sobre el cuantioso incremento de beneficios que supondrían las alegaciones planteadas. Hasta ahora, el PP municipal no sólo no aprobará el Plan General Urbano en esta legislatura, sino que ello, junto con otras supuestas irregularidades relacionadas con el IVA de obras hidráulicas, de doble financiación de otras, así como otras contables, según informes de Hacienda, puede hacer que la ciudad se quede sin presupuesto, lo que no les impide gastar dinero público en campañas que la Junta Electoral les ha obligado a retirar. Y mientras, la ciudad aún espera una respuesta.
