Los informes de Intervención y Secretaría General del ayuntamiento indican que no hubo corrupción en los pagos por los toldos de la plaza de España y las calles aledañas, según afirmó el primer teniente de alcalde, Alejandro Ramírez del Molino, al presentar un comunicado del equipo de gobierno, "basado" en los informes, que no facilitó. De ellos destacó que la "interventora establece que no se ha duplicado, ni triplicado gasto alguno", como acusó la oposición, "estando todos perfectamente justificados". Y el del secretario general "deja meridianamente claro que todas las contrataciones se ajustan a derecho". Del Molino afirmó que "lo más importante de los informes se recoge en el comunicado" de tres folios y 11 puntos, y con el esperaba que el portavoz socialista, José Ramón Suárez, "rectifique y diga que se ha equivocado, porque miente". Le acusa de buscar titulares y de que jamás denunció una irregularidad cuando conoció los acuerdos de pleno y de comisión desde 1999. El edil señala que ese año se compran e instalan por primera vez los toldos, con la empresa Tolder S. A.; que se habló con la Gerencia de Urbanismo de Sevilla y ésta la sugirió, y dado que en Badajoz no había ninguna adecuada, la Inmobiliaria Municipal la contrató por 14.619 euros. PAGOS POR AÑOS Indica además el documento que en el 2000 contrata el ayuntamiento y hace dos pagos que suman 29.900 euros. En el 2001 con otros dos por 27.796. En el 2002 aumenta la zona de entoldado y se hacen tres pagos por 34.858 euros. En el 2003 son cinco pagos que suman 45.319 euros. En el 2004 vuelve a ser la Inmobiliaria Municipal la que contrata, por 34.800 euros. Y en el 2005 el ayuntamiento, con dos pagos de 19.140 euros, "uno de los cuales está pendiente por no haber sido reconocido aún por la Administración contratante". Y añade que "aunque el expediente no se hizo, los toldos debían quitarse al terminar el verano y esa es la razón por la que el trámite administrativo está paralizado". Según el comunicado, se contrató con Tolder porque su oferta fue siempre la más barata, porque en ocasiones era la única que presentaba oferta y porque ofrecía garantías, con una horquilla de precios siempre similar. Dice también que "el ayuntamiento jamás pudo haberse ahorrado dinero". Además, asegura que "el informe indica que en todos los casos se pedían tres presupuestos cuando la ley permitía la contratación directa", y que "del 2001 no existen expedientes de gasto, pero fueron reconocidos y abonados el siguiente año, como demuestra el informe de la interventora". Por todo ello, el equipo de gobierno mantiene que "acusar de corrupción, llamar a un teniente de alcalde sinvergüenza, practicar el descaro y la chulería es un signo de debilidad ante la incertidumbre del futuro y miedo a las urnas". Y cuestiona la autoridad moral de Suárez, a quien acusa de "ser servilista ante la Junta y sumiso en la diputación", y concluye con que "las acusaciones de corrupción no se hacen ante la prensa, sino ante los juzgados".