El Juzgado de Instrucción número 2 de Badajoz ha acordado el "sobreseimiento provisional y archivo" de la causa abierta, a raíz de una querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción, contra los empresarios de Jardines del Guadiana Angel Medrano y Rafael Alvarez Buiza, y contra los dos funcionarios municipales del área de Urbanismo Carlos Benito y José María Martínez de la Concha, al no hallar "el más mínimo indicio de ilegalidad penal" en la actuación de ninguno de los encausados.

La Fiscalía Anticorrupción inició la querella a raíz de las denuncias formuladas por Manuel Sosa primero, y José Ramón Suárez después, por separado y cada uno en representación de su grupo político, IU y PSOE, en relación a la permuta del Canal de Badajoz --y la posible apropiación de sus derechos por Jardines del guadiana-- y a la construcción de viviendas en vez de un un apartahotel, y una carpa, en Golf Guadiana. Por ello se abrió esta causa en la que se acusaba a los empresarios de los supuestos delitos contra la ordenación del territorio y estafa, así como a los funcionarios como cooperadores de los mismos hechos.

El juez hace en el auto, de 13 páginas y con fecha de ayer, afirmaciones muy rotundas, según el letrado de los empresarios, Luis Díaz Ambrona.

NI EL MAS MINIMO INDICIO En la página 4 del documento judicial se dice que "de la exhaustiva y objetiva instrucción practicada, no encontramos el más mínimo indicio ilícito en la actuación desarrollada, tanto por los servidores públicos como por parte de los empresarios receptores del bien --el canal--". Refiriéndose acto seguido a las pruebas documentales sobre las que basa tal afirmación.

En la página 5, el auto dice en relación a la propiedad del canal, que "aprobado por el Ayuntamiento de Badajoz el 31 de enero del 1996, da por su puesto y parte de la base de que el canal fue construido mediante la constitución de una servidumbre sobre los terrenos por los que discurría, declarando el propio acuerdo formalmente la extinción de la servidumbre, por ser incompatible con la ejecución del planeamiento, siendo en escritura del 26 de mayo cuando se formaliza el proyecto de compensación y se describen y adjudican las fincas restantes".

El auto puede ser recurrido ante el propio juez si se trata de un recurso de reforma, en el plazo de tres días, y en apelación ante la Audiencia Provincial, en el plazo de cinco días. Según manifestó a este diario Luis Díaz Ambrona, "el auto es demasiado rotundo como para que pueda prosperar un recurso".

LO ESPERADO En su opinión, el auto de sobreseimiento era lo que él y sus representados esperaban "dentro de un Estado de derecho y según la Administración de Justicia". Y consideró que "la historia ha tenido una indudable motivación política, pero en ella se han visto afectado unos empresarios pacenses. Y realmente, más que buscar su responsabilidad, se pretendía el desgaste político del equipo de gobierno municipal", dijo.

El auto concluye que "desde esta instrucción podemos decir, con la prueba obrante, la inexistencia de trama, treta o argucia jurídica entre los funcionarios públicos y los empresarios encartados, bien para enriquecerse de manera ilícita con traspasos de bienes de titularidad municipal, bien con valoraciones de permutas o con irregularidades urbanísticas en la ejecución del plan, sino todo lo contrario".

Asimismo, añade el juez que "se constata de manera pública y notoria el buen hacer y la exquisita profesionalidad, durante casi 30 años, de los señores Carlos Benito y José María Martínez de la Concha, conclusión que queda corroborada no solo ante la documental incorporada a la causa, sino ante las 30 declaraciones tomadas, en las que no solo ninguno de los declarantes cuestionó sus acciones en los temas imputados, sino que ensalzaron su buen hacer y la exquisita profesionalidad en el ejercicio de sus funciones".

SUSPENDIDA LA COMPENSACION Por otro lado, el Juzgado de lo Contencioso ordenó el 20 de abril la paralización cautelar del acuerdo del ayuntamiento, de revisar la aprobación del proyecto de compensación de Jardines del Guadiana en relación a la permuta del Canal de Badajoz, exigida por el ayuntamiento a raíz de un dictamen, no vinculante, que solicitó al Consejo Consultivo. En él se decía que es posible la revisión de oficio del acuerdo adoptado en el 1996.

La reclamación queda por tanto suspendida hasta que el juzgado resuelva el recurso que presentó Jardines del Guadiana contra el acuerdo del ayuntamiento ante el Tribunal Superior extremeño, que ya falló a favor de la empresa en la reclamación municipal de 1,8 millones por este mismo asunto.

HASTA LAS NARICES El empresario Angel Medrano dijo estar "hasta las narices" de los temas judiciales en los que se ha visto envuelto con su compañero Alvarez Buiza. "Después de 11 años con Tele 5, y los años del Canal y Anticorrupción, se ve que lo ganamos todo, pero a costa de un dineral en abogados y procuradores".