El conflicto surgido a finales del 2005 entre, por un lado, la Junta de Extremadura, la comunidad educativa y los padres del colegio General Navarro, y, por otro, el Ayuntamiento de Badajoz, en referencia a la utilización de la casa del conserje en el colegio público General Navarro y su reconversión en instalaciones deportivas, no se ha resuelto con la sentencia del juzgado de lo contencioso administrativo número 1 de Badajoz, donde la Junta presentó un recurso hace ahora un año (en febrero del 2006) para que se esclareciesen las atribuciones de cada administración.

Salomónico El juez estima en parte el recurso, considera que el alcalde puede adjudicar la vivienda del conserje, pero también declara que la Administración autonómica es competente para decidir el uso educativo de este espacio. El consistorio va a recurrir la sentencia porque opina que este juzgado no es competente para determinar las atribuciones de la Junta, que compete al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), según declaró ayer el concejal de Colegios, Antonio Avila.

La sentencia es del 2 de enero pasado pero no ha sido dada a conocer por el equipo de gobierno municipal hasta que ayer el portavoz del grupo socialista, José Ramón Suárez, compareció para hablar de la decisión del juez, dando por hecho que ponía fin "a la tozudez" de Avila en este asunto. Suárez pensaba que el ayuntamiento no recurriría, dado que cree que no sale perjudicado. En el caso del General Navarro, el PSOE considera que "debe primar el interés educativo por encima del de la seguridad". Una postura que Avila considera un contrasentido, pues hay otros colegios, como el del Cerro de Reyes, para el que la Junta reclama al ayuntamiento un conserje que vigile, pero primero tiene que construir una vivienda y en el caso del General Navarro, donde sí existe casa, la quieren utilizar para otros fines.

Actualmente la vivienda del General Navarro se encuentra vacía. Aunque el alcalde la adjudicó a un funcionario municipal para que la ocupase, éste no lo hizo ante el conflicto surgido. Avila sugiere como solución que los alumnos de este centro utilicen las instalaciones del instituto Zurbarán o que la Junta construya otro nuevo.