El juicio que debía celebrarse ayer en el Juzgado de lo Penal 2 de Badajoz contra Jesús Jiménez, es exsecretario general de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), fue suspendido por el juez para estudiar si la causa es de su competencia o de la Audiencia provincial, como planteó la Fiscalía en las cuestiones previas al inicio de la vista oral, algo que puede hacer al tratarse de un asunto de orden público y ser el acusado guardia civil, según la defensa, que expresó su oposición a tal petición.

El caso queda pendiente del auto que deberá emitir el juez con su decisión, bien la de mantener la causa y señalar nueva fecha, o bien dejándolo en manos de la Sección Primera de la Audiencia, lo que la defensa, según el abogado Segundo Berjano, considera que no debe ocurrir dada la condición de «retiro por incapacidad permanente del acusado, como se acredita con certificado del Ministerio de Defensa», señaló.

La causa que se sigue contra Jesús Jiménez, acusado de un presunto delito de calumnias e injurias, tiene su origen en una denuncia de la asociación ante la jefatura de Tráfico en ese tiempo, «por vía interna primero, por unas supuestas irregularidades en relación al uso de material del cuerpo y de un posible caso de acoso laboral», según la AUGC, que al no investigarse, la asociación lo hizo público a través de un comunicado de prensa. Esta causa ya fue archivada en su día, acto que se recurrió y se volvió a abrir.

Así mismo, una veintena de miembros de la AUGC, apoyados por sindicalistas de CCOO y del SUP, que portaban carteles con el texto «Yo soy la AUGC, yo soy Suso», se concentraron ante la Audiencia para protestar por que se pueda juzgar a un exguardia civil -está retirado— por denunciar irregularidades y en apoyo del acusado y de la organización.

«Venimos a apoyar a Jesús Jiménez, que se enfrenta a un pena desproporcionada de 21 meses de prisión», dijo José Cabrera, secretario de Organización nacional de la AUGC, y señaló que «al estar retirado y no poder aplicarle el reglamento del cuerpo, y no poder expedientarlo, han recurrido a la vía penal». Cabrera, que asistió a la concentración y que preguntó «por qué se le acusa de un delito por un comunicado de prensa, por mucho que fuera el secretario general entonces», y añadió que «confiamos en que la justicia ponga las cosas en su sitio y salga absuelto».