El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Badajoz ha estimado un recurso contra una resolución del ayuntamiento, por los recibos de liquidación del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) correspondiente al ejercicio fiscal de 2012, por una finca en el paraje de San Gabriel, propiedad de cuatro hermanos, que la adquirieron "por título de mortis causa" tras el fallecimiento de su padre.
El recurso considera dicho inmueble "no urbano, sino rústico" y que no les notificaron las nuevas ponencias catastrales.
El juzgado dicta que "la parcela no puede ser considerada como urbana, por lo que procede declarar la nulidad" de lo actuado, debiendo el ayuntamiento practicar "una nueva valoración conforme a la catalogación real del inmueble", por el que reclamaba a los demandantes casi 30.000 euros, según el abogado que defendió la causa, Roberto Alonso.
