Ni un 5,4% de lo que pedía el ayuntamiento. Es lo que la jueza del Juzgado de Primera Instancia Número 1 ha estimado que valen los terrenos del Canal de Badajoz ocupados por Jardines del Guadiana, tras reconocer, eso sí, que este suelo es de propiedad municipal. La superficie de este tramo en litigio (donde se encuentra el McDonnaldIs de la Margen Derecha) ocupa 6.336 metros cuadrados y, según el fallo judicial, su valor es de 97.108 euros, cantidad que coincide con el cálculo de la promotora.

La sentencia, que ya anunció el lunes el alcalde, Francisco Javier Fragoso, durante el pleno, pasó ayer por la Junta de Gobierno Local y posteriormente, tras informar a la prensa, se trasladó a los dos grupos de la oposición, que han ido de la mano del equipo de gobierno en la demanda civil y que desde hace diez años vienen reclamado que el antiguo Canal de Aguas del Gévora pertenece en todo su recorrido al ayuntamiento.

Tras el acuerdo unánime del pleno en diciembre del 2013 de seguir la vía civil, el ayuntamiento interpuso demanda de juicio ordinario el 21 de marzo frente a la promotora Jardines del Guadiana, a la que reclamó 1.811.707 euros en concepto de indemnización por el enriquecimiento injusto a su favor. Este importe, según los servicios municipales, cuantifica el valor de los aprovechamientos edificables en estos terrenos obtenidos por la promotora y al que se deberían sumar los intereses desde 1996, fecha en que se produjo la apropiación, o bien desde el 2006, cuando se reclamó esta cantidad.

La sentencia deja clara la titularidad municipal del Canal de Badajoz pues en el procedimiento seguido para su construcción, entre los años 1873 y 1889, Aguas del Gévora SA llevó a cabo la expropiación de los terrenos por los que se construyó el canal y adquirió su propiedad. Posteriormente, todos los bienes y derechos de esta sociedad fueron transmitidos al Ayuntamiento de Badajoz en virtud de la escritura de compraventa del 29 de enero de 1946. Por contra, Jardines del Guadiana sostenía que Aguas del Gévora no adquirió la propiedad de los terrenos sino "una servidumbre de acueducto" que se había extingido cuando el canal dejó de usarse, revirtiendo la titularidad en los propietarios originales y finalmente en Jardines del Guadiana por transmisiones sucesivas.

Pero la jueza deja claro que en la expropiación de los terrenos en ningún momento se hace referencia a la servidumbre sino a un derecho de propiedad. De hecho, la mayor parte de los propietarios anteriores a Jardines del Guadiana reconocía que en sus fincas no estaba comprendida la porción por la que discurría el canal o limitaban con él.

Jardines del Guadiana alegó de forma subsidiaria que habían transcurrido más de 10 años desde que adquirió estos terrenos, pero la jueza no comparte la prescripción porque este plazo se interrumpió cuando en el 2005 el ayuntamiento notificó a la promotora la resolución por la que se atribuía el tramo en litigio.

Para fijar la indemnización, la jueza sólo contaba con la cantidad que pedía el ayuntamiento (según el valor de mercado del metro cuadrado construido en el 2004) y el que proponía Jardines del Guadiana. El fallo señala que la atribución errónea de estos terrenos por Jardines del Guadiana fue validada por el ayuntamiento cuando aprobó el proyecto de expropiación, por lo que el promotor es "un deudor de buena fe" y por tanto la obligación no nació en el 2005 sino en 1996, cuando compró los terrenos. Además, recuerda que los terrenos son una franja de 12 metros de anchura que por sí solos valen menos que otras parcelas de proporciones regulares.

El primer teniente de alcalde, Alberto Astorga, mostró la satisfacción del equipo de gobierno por el "justo término" de un procedimiento que ha tenido "sus más y sus menos" en el contencioso administrativo. Aunque no están de acuerdo con la indemnización que establece la sentencia, han pedido informes a la oficina del Plan General Municipal para decidir con la asesoría jurídica si se plantea un recurso de apelación, que podría costar más de 56.000 euros.

DESDE EL PSOE Por su parte, el concejal socialista Pedro Miranda, se quejó de que se les "ningunee" a pesar de que ha sido la oposición la que ha propiciado este resultado, "porque el equipo de gobierno nunca creyó en la titularidad del canal". Miranda anunció que su grupo estudiará pedir responsabilidades penales por si se hubiese cometido alguna negligencia al permitir el uso privado de unos terrenos públicos.