La Junta de Extremadura ha incoado un expediente sancionador al Ayuntamiento de Badajoz por la situación en que se encuentra la perrera municipal, según informó ayer la Asociación Nacional para la Protección y el Bienestar de los Animales (Anpba), que en diciembre interpuso una denuncia administrativa contra el consistorio ante la Consejería de Agricultura y, como la Junta no contestaba, presentó una queja formal ante el Defensor del Pueblo, por el presunto incumplimiento de varios apartados de la Ley de Protección de los Animales de Extremadura.
Esta asociación de ámbito nacional recibió las quejas de sus socios de Badajoz, acompañadas de fotografías y un informe sobre la situación de las instalaciones municipales, que también ha venido denunciando reiteradamente el grupo municipal socialista. La respuesta del consistorio ante estas quejas del PSOE era que existe un proyecto de ampliación de la perrera, en convenio con la diputación. Ayer el concejal responsable, Luis Alfonso Hernández Carrón, no compareció porque se encuentra de vacaciones.
En su denuncia Anpba solicitaba una inspección de las condiciones del inmueble, los libros de registro de entradas y salidas, situación y plazos para las adopciones, material sanitario y de sacrificio, instrumental apropiado, condiciones de los cheniles, modos de limpieza del centro, situación física, anímica y de enfermedad de los animales y tipos de ejemplares.
SANIDAD ANIMAL Ha sido el adjunto segundo al Defensor del Pueblo el que el martes envió un escrito a la citada asociación en el que da cuenta del informe firmado por el servicio de Sanidad Animal de la Dirección General de Explotaciones Agrarias de la Junta, que da cuenta de la decisión de incoar el expediente sancionar. El servicio de Sanidad Animal no especifica en su escrito cuáles son los problemas que presentan las instalaciones municipales, pero aclara que tras la petición realizada por el adjunto segundo del Defensor del Pueblo, ante la queja de Anpba, se realizó una visita de inspección a la perrera de Badajoz, de propiedad municipal, "encontrándose algunas deficiencias, debidamente reseñadas en la correspondiente acta de inspección".
Anpba recuerda que la Ley de protección de los Animales establece en su artículo 10 que los animales recluidos en las perreras "deberán tener unas buenas condiciones higiénico sanitarias" y su vulneración está tipificada como infracción grave, con multas que pueden alcanzar los 1.500 euros (artículo 32).
El informe de la Junta también señala que el escrito del Defensor del Pueblo hacía referencia a la utilización de un veneno denominado anectine , empleado en el sacrificio de los animales, aunque no figuraba en la denuncia. La visita de inspección no pudo corroborar que se esté utilizando este veneno ni que en la perrera haya este producto.
El presidente del colectivo denunciante, Alfonso Chillerón, se quejaba ayer, en declaraciones a EL PERIODICO, de que el Gobierno regional no les haya informado del proceso.
