Siete familias que habitan en un bloque de viviendas de la calle Rivillas, de cuatro plantas y que resultó afectado por la riada de 1997, han pedido a un notario que levante acta del estado del inmueble para remitirlo a la Junta de Extremadura, a la que responsabilizan de las consecuencias en caso de derrumbe por no arreglarlo aún teniendo en su poder todos los informes técnicos, presupuesto y documentos desde hace cuatro años.

José Luis Guisado, uno de los afectados, explicó a EL PERIODICO que presentaron un informe al entonces consejero Javier Corominas, quien prometió "verbalmente" que la Junta asumiría la reparación "con la mayor urgencia posible". Después los técnicos de la Junta "realizaron un informe llamado Bolsevi, en el que se detallaban las pruebas hechas, los desperfectos y el importe de la obra", que era de 240.000 euros.

LA PROMESA La promesa la asumió después la consejera María Antonia Trujillo, cuyo director general de Vivienda, Enrique Alvarez, recibió a los vecinos en febrero del 2004 para informarles del inicio "de la obra con carácter urgente". En mayo del mismo año pidieron a las familias un escrito de disponibilidad del edificio y se hizo llegar el 14 de ese mes. Después, tras el relevo de Trujillo, su sustituta y su director de Vivienda no atendieron ninguna llamada ni fax de los vecinos, que pedían entrevistarse con ellos para informarles.

Mientras tanto, las obras de la Confederación del Guadiana en el Rivillas y el Calamón agravaban el estado del bloque, por lo que se avisó a dicho organismo, del que afirman que no han obtenido respuesta. Tampoco a la carta remitida a la secretaría de Presidencia de la Junta la semana pasada. Finalmente, hablaron con la concejala de Urbanismo el 9 de diciembre pasado y los técnicos municipales revisaron los pisos, la escalera y la azotea y les dijeron que cuanto más tiempo pase el problema se agravará.

Ante la falta de respuesta, volvieron a reunirse con Herrera el 15 de enero, según informa Guisado, y ésta habló por teléfono con el jefe de servicio de Vivienda, quien "le dijo que no había dinero, que Intervención se había negado a realizar las obras y que no se hacían responsables de la situación". Los vecinos han puesto el caso en manos de una abogada, que ha pedido el acta notarial para exigir a la Junta que cumpla su palabra eximir a los habitantes del bloque de cualquier responsabilidad en caso de derrumbe.

El edificio presenta grietas en los muros de carga que afectaban a la cimentación, a los forjados y la tabiquería, así como grietas de 2 a 4 milímetros en la escalera, con un rebaje de la cota de 3 a 4 milímetros, y en la fachada y el alféizar. Además, según el informe municipal, "al moverse el edificio ha podido romperse la red de saneamiento ocasionando una continua filtración de aguas residuales y pluviales, lo que llevaría a un lavado de terreno bajo la cimentación de los muros de carga".

EL PERIODICO ha intentado obtener una respuesta de la Junta de Extremadura sin éxito hasta el cierre de esta edición.