El presidente de la Agencia de la Vivienda, Javier Corominas, defendió ayer que es necesario que se califique suelo exclusivamente para vivienda protegida. "La Administración tiene la capacidad de fijar el precio de aquello que se construye porque la recalificación es una decisión de la Administración", remarcó, al mismo tiempo que animó al ayuntamiento pacense, ahora inmerso en la aprobación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana, a que destine no sólo el 25% mínimo que obliga la ley para vivienda protegida "sino tanto suelo como sea necesario para garantizar la vivienda a todos los sectores de la población". Si no se alcanza este acuerdo se impondrá como una modificación de la Ley de Suelo.

Corominas hizo estas declaraciones durante la firma de la entrega a la Junta de Extremadura de las 53 viviendas sociales que ha construido la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes), dependiente del Ministerio de Vivienda. A la firma acudió el presidente de la Sepes, Rafael Pacheco, y se trataba del último acto de cesión de las viviendas construidas al amparo del acuerdo suscrito en el 92 para la ejecución de viviendas de promoción pública en la región. También se ha firmado la cesión de otra promoción de 73 viviendas en Los Canchales de Cáceres. Este acuerdo ha permitido ejecutar 2.139 viviendas en 59 promociones de la comunidad.

SOLICITANTES El acto de ayer no pone fecha a la ocupación de estas casas. Según aseguró Javier Corominas, todavía están a la espera de que el Ayuntamiento de Badajoz les envíe las listas de solicitantes, a pesar de que ya hace tiempo que la concejala de Urbanismo, Cristina Herrera, dio a conocer la aprobación del listado de los 53 adjudicatarios, obtenido de un total de 841 solicitudes que pasaron la criba inicial, ya que en un principio se presentaron 2.500 demandantes.

Pacheco informó de que la promoción está formada por 43 viviendas de 3 dormitorios, y 10 de dos dormitorios. Tres de estos pisos son adaptados.

Las viviendas construidas en Llera se destinan "a los más desfavorecidos de la ciudad, que son aquellos que no pueden destinar ni una parte de su renta a comprar una casa". Sin embargo, según el presidente de la Agencia de la Vivienda, será la última gran promoción de viviendas sociales en Badajoz, porque aunque probablemente se pueda sacar adelante en el futuro "alguna actuación extraordinaria" en las grandes ciudades, no es ése el objetivo. "Lo que hay que hacer es utilizar todos los recursos públicos para garantizar la vivienda", señaló.

Corominas recordó que la promoción ahora rematada es una de las últimas actuaciones que acometen las administraciones "en cantidades importantes" de viviendas sociales, porque según recordó la política ha cambiado en el sentido de tender a poner en marcha más promociones con apoyo público pero de iniciativa privada. Con el mismo dinero con el que la Administración construye una vivienda social se pueden conceder ayudas para tres viviendas de autopromoción o cinco de régimen especial. "El nivel de renta en Extremadura en estos momentos permite que tengan que aparecer en el mercado viviendas asequibles", dijo. El problema sin embargo, es el suelo y por eso Corominas reiteró que es necesario que se califique suelo exclusivamente para vivienda protegida.

RETRASO INICIAL El presidente de la Agencia de la Vivienda recordó asimismo que el retraso de la entrega de estas viviendas de Llera es como consecuencia de la falta de capacidad del ayuntamiento pacense para entregar el suelo en su momento, lo que obligó a realizar una recalificación extraordinaria del terreno donde se han construido los pisos. "Viene a confirmar que hay que ser intervencionista en materia de vivienda", insistió.