La Junta de Extremadura anunció --el ayuntamiento aún lo estudia-- que "se personará en el recurso que quepa contra la firmeza de esta resolución judicial", en referencia al fallo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), que aceptó el recurso de la asociación Amigos de Badajoz contra la remodelación del antiguo Hospital Militar, hoy sede de la Facultad de Biblioteconomía y de la Biblioteca de Extremadura, y que condena al ayuntamiento "a la restauración de los bienes del patrimonio histórico a la situación anterior a las obras autorizadas con la licencia impugnada".

El recurso lo presentó Amigos de Badajoz en el 2000, dos años después de iniciadas las obras y cuando estaban a punto de concluir, como destacaron ayer tanto la Junta en un comunicado, como la concejala de Urbanismo, Cristina Herrera, igual que la "contradicción" que señala la sentencia, de que los recurrentes votaran a favor del proyecto en la Comisión de Bienes Inmuebles y en la municipal de Urbanismo.

La Junta señaló que el TSJEx "reconoce expresamente" que, en cuanto a la protección del patrimonio histórico, no cabe reproche. Y estima que cumplir la sentencia "puede dañar a la ciudad al poner en peligro el uso de un centro universitario de interés general y obstaculizar la recuperación del casco antiguo".

"UNA BARBARIDAD"

Asimismo, dijo que la propia asociación recurrente "reconoce que el cumplimiento de la sentencia sería una barbaridad y propone el diálogo, lo que no tiene sentido al haber un pronunciamiento judicial".

Herrera --tras pedir Manuel Sosa, de IU, su dimisión como concejala de Urbanismo, y la del consejero de Cultura, Francisco Muñoz--, afirmó que "la propia sala denegó la paralización cautelar de las obras, que nosotros hubiéramos obedecido", y que la sentencia reconoce que no se vulnera la Ley de Patrimonio, "sino la interpretación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)".

La concejala aseguró que "si no piden la ejecución de la sentencia, no tiene por qué pasar nada"; y en todo caso, "se puede modificar el PGOU para adaptar la actuación a la legalidad". Herrera también expresó su sorpresa por que los informes técnicos sean de un miembro de la asociación, "que es a la vez parte y perito".

También explicó que el problema está en un artículo del PGOU que contempla alguna alteración excepcional del bien protegido, siempre que sea en beneficio de la ciudad, "y nosotros interpretamos que con carácter excepcional podíamos hacer esa interpretación". Y añadió que antes de nada, "intentaremos la posibilidad del recurso y hablar con la Junta, que es la gran perjudicada, y dio informes favorables conforme a la ley, para de común acuerdo, alterar esa protección y amoldarla a lo que dice la sentencia".

El portavoz de IU pidió al portavoz del PSOE que apoye la petición de dimisión de Francisco Muñoz como consejero, y al alcalde, en el mismo sentido, que destituya a su concejala, así como rechazaba la posibilidad de modificar el PGOU.

Por otro lado, el consejero Eduardo Alvarado manifestó ayer que ve "inejecutable" la sentencia, si bien no quiso pronunciarse sobre su contenido hasta conocerla; ve "desproporcionado decir que no se ha respetado la ley" y dijo que era "una buena obra para revitalizar el Casco Antiguo", según Europa Press. Alvarado preguntó si no habrá quien busque que la Biblioteca no esté en la alcazaba.