Hallar una solución «urgente». Ésa es la prioridad de la comunidad de propietarios del edificio de la calle Vidal Lucas Cuadrado, en Suerte de Saavedra, cuya fachada lateral corre riesgo de derrumbe. En el bloque, con cuatro portales, hay 70 viviendas, 37 de ellas propiedad de la Junta de Extremadura, a la que también pertenece el garaje, y el resto de titularidad privada. A todos los propietarios les tocará decidir qué se hace, pues el coste de la obra de reparación repercutirá, según la Administración regional, en todos ellos.

Ayer se celebró una reunión en la Asociación de Vecinos de Suerte de Saavedra, a la que asistieron algunos de los afectados, además de un representante de la Secretaría de Vivienda, Felipe Hurtado, la aparejadora de la Junta Susana Correa y el administrador de los bloques 1 --que es donde está la grieta--, 3 y el garaje, Cándido Cancho. Los asistentes, a propuesta de la Junta, acordaron crear una comisión de trabajo para agilizar las gestiones de cara a adoptar una solución cuanto antes, que integrarán un representante de cada portal, un técnico de la Administración regional y el administrador de fincas. No obstante, se dejó claro que esta comisión no tomará decisiones, pues cualquier propuesta tendrá que ser respaldada por el conjunto de los afectados.

En la reunión de ayer, Hurtado explicó, como ya se había dicho el día anterior desde la Consejería de Políticas Sociales, que la Junta como copropietaria se hará cargo de los costes que proporcionalmente le correspondan, pero no afrontará la inversión de la reparación en solitario. Sí, según el representante de la Secretaría de Vivienda, hará todo lo posible por aminorar el desembolso que tengan que realizar los afectados. De hecho, ya se están estudiando a qué líneas de ayudas se puede concurrir. Una de las que se está analizando, aunque aún no es seguro que se pueda optar a ella, subvenciona hasta el 60% de las actuaciones, con un máximo por propietario de 15.000 euros.

Algunos vecinos reprocharon a la Junta que, pese a que llevan 20 años avisando de que existe este problema en el edificio, no sea hasta ahora cuando se ha actuado, repercutiendo en sus bolsillos. «No es culpa nuestra», recriminó uno de ellos, quien acusó a la Administración regional de «omisión».

En este sentido, el administrador de fincas defendió la necesidad de llegar a un acuerdo para reparar la grieta cuanto antes y, después, si se considera que la Junta no ha cumplido, acudir a los tribunales. Pero la prioridad, según señaló, es resolver este problema de forma urgente.

La aparejadora insistió en que, aunque no hay daños estructurales, existe riesgo de derrumbe e instó a que el arreglo se acometa «ya».

Mientras, en la fachada afectada se han colocado sargentos para evitar desprendimientos y se han instalado vallas en un amplio perímetro para impedir el paso. Incluso la parada del autobús urbano se ha desplazado varios metros.