El concejal de Urbanismo de Badajoz, Celestino Rodolfo, y el portavoz del equipo de gobierno pacense, Francisco Fragoso, anuncian la confirmación del archivo de proceso de instrucción abierto contra dos funcionarios del consistorio pacense por el caso del Canal de Badajoz por el Juzgado de Instrucción Número 2 de Badajoz.

Según la agencia Europa Press, el concejal de Urbanismo explica que este segundo auto judicial responde a un "recurso de reforma" presentado por la Fiscalía Anticorrupción tras un primer auto, del mismo juez, emitido el pasado 13 de julio, en el que se archivaba la querella por la actuación en el Canal de Badajoz.

El primer auto señalaba que auto tras la instrucción "se constata" que "ningún privilegio o beneficio se realizó frente a la concejala de Urbanismo", en referencia a Cristina Herrera, titular de urbanismo durante el periodo investigado, "por parte de las entidades denunciadas" y que "ninguna dadiva, regalo o beneficio" se realizó "frente a los funcionarios imputados".

Para Celestino Rodolfo, este segundo auto "tiene mayor contundencia que el anterior", ya que indica que "tras 3 años que han durado las diligencias informativas" se han practicado "más del 95% de las pruebas pretendidas" y que el "Ministerio Fiscal" en su recurso "no aporta el más mínimo dato objetivo que desnaturalice el auto de archivo", señalando que el ministerio "navega por lo subjetivo".

Finalmente, Rodolfo destaca que el juez indica que "queda probado de manera cierta, veraz, objetiva y sin lugar al más mínimo resquicio o atisbo de duda" que los dos funcionarios pacenses "actuaron de conformidad a la legalidad imperante".

Por su parte, Francisco Fragoso, y "a título personal" declara que la "sensación" que queda ahora es que la "tortura a la que han sido sometidos" los imputados y sus familias "son los daños colaterales de un procedimiento puramente político en el ámbito de intentar hacer una caza y derribo a un gobierno más del Partido Popular".

Fragoso subraya que, en cierta medida ,se sentía "culpable por ser del Partido Popular" de que los funcionarios se hubieran vistos inmersos en este proceso, y que estaba "convencido de que si el gobierno" de Badajoz "fuera de otro signo político estos funcionarios no estarían viviendo esta tortura", ya que, a su juicio "hay ganas de intentar por la vía colateral conseguir en los juzgados acabar en los juzgados con un gobierno que no son capaces de derrotar en las urnas", hechos en los que citó textualmente a los ediles del PSOE e IU, José Ramón Suárez y Manuel Sosa, respectivamente.