El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Badajoz ha dictado un auto con fecha de 3 de septiembre del 2009, que rechaza el recurso de reforma presentado por la Fiscalía Anticorrupción contra el archivo de la causa seguida contra dos empresarios y dos funcionarios municipales, relacionada con el canal de Badajoz y Golf Guadiana.
El auto lo hicieron público ayer el primer teniente de alcalde y portavoz del gobierno municipal, Francisco Javier Fragoso, y el concejal de Urbanismo, Celestino Rodolfo.
El auto del magistrado-juez Emilio García-Cancho desestima el recurso y da un plazo de cinco días para recurrir en apelación ante la Audiencia de Badajoz, lo que ya anunció el fiscal que haría en caso de que se ratificara el archivo, de fecha 13 de julio del 2009, en primera instancia.
CONTUNDENTE El auto exonera, "de forma más contundente si cabe que el anterior", según Fragoso y Rodolfo, a los acusados, que han sido, según el texto judicial, objeto de tres años de investigaciones durante el periodo el instrucción, que han generado más de 20 cajas con miles de documentos.
El auto aclara que se han practicado más del 95% de las pruebas solicitadas, excepto dos testificales a personas que no localizó la policía, y que el ministerio fiscal no aporta en su recurso "el más mínimo dato objetivo que desnaturalice el auto de archivo", además de que la fiscalía "navega por lo subjetivo" y que no se han apreciado "indicios de ilícitos delictivos".
También rechaza los términos utilizados por la fiscalía para contraponerse al archivo, como "instrucción inacabada", "incompleta" o que se encuentra en "fase inicial".
CONFORME A LA LEGALIDAD Celestino Rodolfo destacó que el juez indica que queda "probado de manera cierta, veraz, objetiva y sin lugar al más mínimo resquicio o atisbo de duda", que los funcionarios acusados actuaron "de conformidad con la legalidad imperante".
Fragoso criticó la denuncia de los concejales Manuel Sosa, de IU, y José Ramón Suárez, del PSOE, a quienes dijo que "las elecciones se ganan en las urnas y no en los juzgados", así como por "la tortura" que han sufrido los dos funcionarios "y sus familias", que han sido "investigados durante tres años y se sabe hasta la talla de sus calzoncillos", dijo.
El concejal afirmó que se siente "culpable de ser por del PP", por entender que los funcionarios "han tenido la mala suerte de caer en un gobierno popular, al que quieren quitar como sea", por lo que han sufrido "los daños colaterales".
