Una sentencia judicial ha dado la razón al Ayuntamiento de Badajoz en un recurso presentado por el propietario de una vivienda, que debía derribar por orden municipal, según manifestó ayer el teniente de alcalde Alejandro Ramírez del Molino. Se trata de una vivienda construida en una parcela de 2.500 metros en Tres Arroyos, que el consistorio ordenó derribar por no atenerse a la norma legal que establece una superficie mínima de 5.000 metros para poder construir.

El dueño recurrió la citada orden judicialmente y el fallo ha sido a favor del ayuntamiento. Como otro del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, que estableció, ante otro recurso, una reducción del 17,5% de una sanción de 60.000 euros, por parcelación ilegal de la finca Malasaradas, sita en la carretera de Valverde, en la margen derecha una vez pasado El Corzo, según Ramírez del Molino.

Asimismo, la Junta de Gobierno Local aprobó una certificación de obras de un colector en la calle Zapata, en El Progreso, por 147.262 euros; una subvención a la asociación de vecinos de Antonio Domínguez de 6001 euros para sus fiestas, así como vio daños a mobiliario y devolución de varias fianzas.