La audiencia provincial juzgará el próximo día 21 a Rosa María G. P., acusada de estafar a un matrimonio fingiendo ser abogada, para lo que falseó documentos como providencias de juzgados, certificación de la Agencia Tributaria y diligencia de tasación de costas procesales, según el fiscal. La acusada defraudó diversas cantidades que suman más de 22.000 euros, por lo que los perjudicados tuvieron que pedir dinero prestado a otros familiares, agotaron sus ahorros y recurrieron a un préstamo bancario.
Los hechos sucedieron en el 2001, cuando la inculpada conoció al matrimonio por un amigo común y se presentó como abogada, sirviéndose de la deficiencia visual de la pareja, que tenía un hijo inmerso en un expediente del Juzgado de Menores.
El fiscal califica los hechos de delito continuado de estafa, por el que pide tres años y ocho meses de prisión, así como un delito continuado de falsedad documental (otros dos años), así como un arresto de cinco fines de semana por una falta de intrusismo profesional. La acusación particular solicita penas superiores y todos piden que indemnice a los perjudicados con la cantidad sustraída.
