La Coordinadora de Huertos Familiares de los poblados denuncia y lamenta que el equipo de gobierno tenga paralizada la ordenanza que regula el uso de estos terrenos y lleven un año esperando a que conteste a las alegaciones que presentaron para intentar modificar el texto aprobado inicialmente por el pleno de la corporación. La coordinadora se reunió el lunes por la tarde, con la asistencia de representantes de todas las pedanías, y acordaron movilizarse, pero no lo harán hasta que pase la cita electoral del 20 de noviembre, para evitar se les utilice electoralmente.

El 13 de octubre del 2010 la coordinadora entregó al concejal de Patrimonio, Jesús Villalba, un texto alternativo a la ordenanza que regula la explotación de estos 305 huertos de propiedad municipal surgidos para la manutención de las familias. Los mismos usuarios presentaron 420 alegaciones para intentar que se les escuchara. Entonces el concejal afirmó que en dos meses la ordenanza pasaría por pleno para su aprobación definitiva, pero no volvieron a saber de él hasta que el 25 de enero presentaron 3.000 firmas en el ayuntamiento oponiéndose a la ordenanza.

Dos días después Villalba compareció ante la prensa para desgranar hasta dónde estaba dispuesto a llegar el ayuntamiento en este tema y desacreditar la titularidad de las rúbricas. En mayo, antes de las elecciones municipales y autonómicas, los vecinos afectados se movilizaron y protagonizaron una concentración por la defensa de los huertos. Pasaron los comicios y las vacaciones y nunca más se volvió a hablar de la ordenanza, que debía haber pasado por pleno hace muchos meses si se hubieran cumplido los plazos ordinarios.

Los afectados sin embargo no van a permanecer a la espera sin hacer nada, porque ya han comprobado que no se cuenta con ellos. El portavoz de la coordinadora, Josué Otero, manifestó ayer que la coordinadora quiere denunciar "la situación de olvido en que nos tienen". No solo el ayuntamiento no ha contestado a las alegaciones, tampoco a las preguntas que trasladaron al concejal sobre el precio de alquiler. Hace quince días solicitaron una entrevista con el alcalde y con el nuevo concejal de Poblados, Jesús Coslado, así como al consejero de Agricultura, pero no han tenido contestación.

IRREGULARIDADES

También quieren sacar a la luz dos "irregularidades" que, según la coordinadora, hubo en la cesión de los huertos del Iryda al ayuntamiento en 1985. Según la escritura que obra en su poder, los terrenos no tenían ningún arrendatario ni aparceros, a pesar de que sí los había. Además, existía una condición resolutoria según la cual el ayuntamiento tenía que abonar en 10 anualidades 2.904.000 pesetas como valor de estos huertos y el último pago debía hacerse en el 96. De no ser así, según argumenta Otero, la escritura se invalidaba y el ayuntamiento no ha pagado hasta el 2009.

Por otro lado, alegan que existe una normativa de la Junta de 1992 sobre los huertos familiares que primaba a los usuarios a la hora de vender estos terrenos o formar una propiedad comunal para explotarlos con una cooperativa. Pero Otero asegura que no se preguntó a los usuarios. El portavoz apunta que ellos no quieren comprarlos, sino que sigan siendo públicos con uso exclusivamente agrícola y, en este sentido, plantean incluso que se podría crear una cooperativa para explotarlos.

Los integrantes de la coordinadora están "indignados" por la falta de información y porque no se les tiene en cuenta. Para ellos y dada la coyuntura económica actual, estos huertos vuelven a adquirir una gran importancia en el sustento familiar. Según Otero, la gran mayoría de estos terrenos se usan aún para el autoabastecimiento. Ese es el único uso que ellos defienden y si alguien los utiliza para cobrar subvenciones o enriquecerse, "estamos totalmente en contra".