Estar embarazada no es una enfermedad y tengo el mismo derecho a un trabajo que una mujer que no esté embarazada", manifestó Jennifer León Méndez, auxiliar de ayuda a domicilio a quien el ayuntamiento ha denegado un contrato por estar en la semana de gestación 26, sobre la base de la Ley de Riesgos Laborales y el protocolo municipal que establece la semana 22 para la baja por embarazo.
León Méndez hizo estas declaraciones ayer en una comparecencia con el portavoz de IU, Manuel Sosa, expresó su rechazo a las explicaciones dadas por la delegada de Personal por no hacerle un contrato y anunció que si la Concejalía no la acepta como trabajadora tras superar la selección del Sexpe y una prueba específica, recurrirá a Magistratura.
Jennifer León, que estuvo acompañada por su padre y por un asesor, explicó que fue la médico quien le dijo "de palabra", que no era apta para el puesto de trabajo. Al pedirle que se lo diera por escrito, señaló que tenía que firmar el documento, a lo que se negó. El asesor manifestó a este diario que el ayuntamiento "comete un acto de discriminación laboral y sexista y vulnera el Artículo 14 de la Constitución española".
Manuel Sosa afirmó que su grupo "exigirá" a la concejala de Personal que rectifique lo que consideró "una barbaridad" y se le haga el contrato hasta ahora denegado, y que lo hará por escrito.
"Le exigiremos que rectifique y si en un periodo de tiempo prudencial no lo hace, nosotros pondremos el caso en manos de la fiscalía para que determine si hay un delito y una vulneración de derecho fundamental por discriminación, sexismo y contra el derecho al trabajo", dijo.
Sosa señaló que la Ley de Riesgos Laborales no dice nada de hacer contrato a una mujer embarazada y que el protocolo del ayuntamiento no tiene rango de ley, por lo que reclama que se haga el contrato a Jennifer y, o bien le buscan una función adecuada a su estado, o le dan de baja por maternidad para su posterior incorporación al puesto de trabajo.
