La extensión de la tecnología led a todo el alumbrado público de la ciudad, excluyendo a los poblados, va a tener que esperar. Serán 21.000 puntos de luz que permitirán un ahorro importante en la factura eléctrica además de una menor contaminación. Antes de que concluyese el año pasado esta actuación tenía que estar ejecutada en un 40% y terminada antes del verano en su totalidad, de ahí las prisas del equipo de gobierno municipal en sacar a licitación los contratos para el suministro y el montaje. La financiación de 10,7 millones procede de un crédito que ya ha firmado el Ayuntamiento de Badajoz con el BBVA, en unas condiciones tan ventajosas como difíciles de rechazar, gracias al programa europeo denominado Jessica, a interés cero, con un periodo de carencia de 3 años, que ya está corriendo, aunque no haya aún luces nuevas.

El pliego se aprobó el 4 de noviembre. Llegó al pleno del ayuntamiento sin consenso previo. En aquel momento, el ajustado desequilibrio de fuerzas estaba desnivelado puntualmente a favor de los populares, pues faltaba por enfermedad una concejala socialista. Los tres grupos de la oposición rechazaron el procedimiento, alegando que el ayuntamiento podría ahorrarse unos cuantos miles -o millones- de euros con otro pliego distinto, que tuviese en cuenta la oferta económica más ventajosa. Pero el equipo de gobierno insistió en que con este contratado buscaba la mejor solución técnica, no la más barata. No convenció a la oposición, que está en mayoría. Aun así, las circunstancias sobrevenidas permitieron al alcalde, Francisco Javier Fragoso, hacer uso de un as, su voto de calidad, con el que el PP logró su propósito, sin consenso.

Quería sacar adelante cuanto antes una actuación cuyo objetivo comparten en el fondo pero no en la forma Podemos y Ciudadanos. El PSOE, ni lo uno ni lo otro. Cuando se autorizó el crédito, defendió que existían otras prioridades, como la red de saneamiento, y que se condicionaba la capacidad de endeudamiento del consistorio. El equipo popular tiró hacia adelante y ni siquiera contestó a la alegación que siguiendo los motivos ya defendidos en la negociación presentó Podemos en la mesa de contratación. Pero una compañía del sector fue más lejos y acudió a la Comisión Jurídica de Extremadura (antiguo Consejo Consultivo), como Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, que es algo así como el tribunal de la competencia en Extremadura, que le ha dado la razón, declarando nulo el pliego y obligando al ayuntamiento a hacer uno nuevo, con los mismos argumentos esgrimidos por la empresa que recurrió y por la oposición.

Tras conocer la resolución, Fragoso ha manifestado que aunque hay «cosas» que no comparte, la va a cumplir y no va a acudir a la vía judicial, como podría, porque el interés máximo debe ser desbloquear la situación, que ya lo estaba porque el tribunal admitió las medidas cautelares y el procedimiento se suspendió. El alcalde no ha concretado qué es lo que no comparte. Lo que sí ha hecho ha sido desacreditar a la empresa que interpuso el recurso, lo que comunmente se conoce como matar al mensajero. Fragoso también ha anunciado que el retraso no implicará que se puedan perder fondos porque se anticiparon y han conseguido una prórroga, gracias a que lo sucedido, según él, no es imputable a la propia corporación sino «al devenir administrativo». Eso ha dicho, además de que ahora quiere sacar el nuevo pliego con consenso. No le queda otra, porque los votos de la oposición suman más que los del PP, ahora y hace tres meses.