El titular del Juzgado de lo Social múmero 2 de Badajoz, Antonio Seoane, elevó ayer al Tribunal Constitucional su cuarta Cuestión de Inconstitucionalidad, una resolución suya dictada el pasado día 15, en la que plantea el problema procesal que representa para el personal estatutario de la Seguridad Social la denegación del beneficio de justicia gratuita ex lege de que habían disfrutado desde 1966 a 1996.
Este beneficio les permitía recurrir sentencias desfavorables sin tener que depositar una fianza de 150 euros, que se pierde si no se gana el recurso, teniendo que pagar además las costas.
El magistrado asegura que es un derecho reconocido a la generalidad de los trabajadores, y a este colectivo se le niega desde una sentencia del Tribunal Supremo de 1996, que es lo que ahora plantea ante el Constitucional.
Antonio Seoane presentó la primera cuestión en julio del 2002 por el decretazo , el segundo en septiembre del 2003 por la pensión de viudedad para una mujer que había vivido como pareja de hecho, y el tercero en mayo pasado por un caso de derecho a desempleo.
