Ocho de los trabajadores que en estos momentos tiene la Inmobiliaria Municipal de Badajoz (Inmuba) se trasladarán al servicio de Patrimonio, pasando a depender directamente del ayuntamiento. Ésta es la medida que pretende llevar a cabo el equipo de gobierno junto a otras para intentar reducir los costes de esta empresa pública y hacer viable su subsistencia, además de conservar los puestos de trabajo. El alcalde, Francisco Javier Fragoso, realizó la consulta sobre este proceso, que cuenta con informes favorables por parte del secretario general del consistorio, la asesoría jurídica, Recursos Humanos, Laboral y Seguridad Social e Intervención. Menos convencida está la oposición, que ha sido citada esta semana en dos ocasiones. Los tres grupos coinciden en que sea el nuevo Consejo de Administración de Inmuba, en proceso de constitución con una composición acorde a la actual representación política en el ayuntamiento, el que tome la decisión.

Con el traslado de estas 8 personas, Inmuba se quedaría con 6 trabajadores y el gerente. Menos de la mitad de su actual plantilla, por tanto. La memoria explicativa de los motivos para la transmisión de personal al ayuntamiento, a la que ha tenido acceso este diario, reconoce que la crisis económica «ha incidido de forma especial» en la actividad promotora de viviendas de la Inmobiliaria Municipal, que era su principal actividad, y la que ha permitido su autonomía financiera. Entre los años 2005 y 2014 promovió 908 viviendas, con una media anual de 150. Entre 1999 y 2010 los resultados contables al cierre de cada ejercicio fueron positivos e incluso excedentarios. También entre el 2012 y el 2015, pero en estos años Inmuba tuvo que acudir a financiación externa para cubrir los gastos corrientes de la sociedad. El mismo informe apunta que desde el 2009 «es prácticamente imposible» acometer nuevas promociones de viviendas protegidas, siendo además muy difícil la subrogación de los compradores en las que se han ido terminando hasta el 2015. A pesar de ello, «la sociedad ha mantenido su equilibrio patrimonial y saneadas las partidas de fondos propios de su balance». Los márgenes obtenidos cuando la actividad era normal permitieron la autofinanciación de la empresa y que pudiera prestar servicios al ayuntamiento, como mantener la Oficina de Rehabilitación Municipal desde el 2001, comprar inmuebles en el Casco Antiguo, así como adquirir suelo y ejecutar dotaciones y equipamientos públicos, sin contraprestación económica del consistorio. El informe añade que la coyuntura económica actual no prevé una reactivación inmediata del mercado inmobiliario, por lo que Inmuba no podrá alcanzar los volúmenes necesarios para mantener una situación de equilibrio financiero «con su estructura actual». Además, existe normativa estatal que incide en eliminar empresas públicas que incurran en estas situaciones.

Los 8 trabajadores ya han sido seleccionados, con nombres y apellidos. El criterio seguido ha sido suprimir el personal dedicado de forma directa al desarrollo de proyectos de obra nueva y mantener el de rehabilitación y gestión. Cuatro proceden de contratos con el ayuntamiento y los otros 4, de Inmuba. La decisión de trasladarlos al servicio de Patrimonio se debe a la necesidad que existe en el ayuntamiento de dotar de personal un área con competencias relativas al inventario y control del patrimonio municipal, una deficiencia corroborada por informes internos y externos. Antes no ha sido posible por las restricciones legales a nuevas contrataciones.