Los empresarios de Golf y Jardines del Guadiana Angel Medrano y Rafael Alvarez Buiza declararon ayer en el Juzgado de Instrucción 2 de Badajoz en relación a la querella de la Fiscalía Anticorrupción por los supuestos delitos de estafa y contra la ordenación del territorio, por el Canal de Badajoz. Hoy lo harán los técnicos Carlos Alberto Benito, jefe de Gestión Urbanística y asistente regular a la comisión de seguimiento del Plan General, y José María Alvarez de la Concha, jefe de Urbanismo y secretario de la citada comisión.
El primero en declarar fue Angel Medrano, a quien siguió Alvarez Buiza. El juez, que hace unos meses solicitó más información a la Fiscalía Anticorrupción, pues de no obtenerla tendría que archivar la causa, reanudó ayer la instrucción.
Rafael Alvarez Buiza, que dejó la sociedad en el 1997 tras vender su parte a Angel Medrano, manifestó que se encontraba tranquilo porque estaba convencido de que no hay materia penal en este asunto.
Manifestó que en todo caso podría haber alguna irregularidad administrativa, que debería solventarse por esa vía, o por la del contencioso, en las que, afirmó, él y su compañero están ganando todas las causas abiertas judicialmente.
En su opinión, se trata de un "tema que tiene un componente político por el que la Fiscalía se ve obligada a intervenir, pero creo que se están dando cuenta de que no hay nada".
El empresario, representado por el letrado Santiago Muñoz, también defendió a los funcionarios municipales, de quienes dijo que nunca han intervenido en nada relacionado con ellos y que esta causa no tiene "ni pies ni cabeza". Y añadió que "es una línea en 200.000 metros de terreno por la que no merece la pena toda esta complicación".
Para el letrado de Medrano, Luis Díaz Ambrona, queda "claro que no hay nada penal en este procedimiento" y que ha visto "a la fiscalía algo desconcertada, aparte de que el fiscal no conocía bien los hechos porque no sabe de urbanismo, y tampoco tiene que saber; si hubiera visto algo lo traería más estudiado". Y vio que el fiscal estuvo "un poco vacilante en muchas cosas".
Los dos empresarios mantuvieron, según el abogado, una "seguridad absoluta de que todo se ha hecho con total transparencia, siguiendo los pasos que dice la ley, con las informaciones públicas correspondientes en cada una de las instituciones que intervinieron y ningún secretario ni otros funcionarios hicieron en la vida ninguna advertencia sobre la legalidad".
VIA ADMINISTRATIVA Díaz Ambrona recordó que "cuando gobernaba el PSOE, el PP se oponía y viceversa, pero también hay acuerdos por consenso que pasaron por pleno". Por todo ello, dijo que cree que "el fiscal Anticorrupción es consciente de que no hay nada en este procedimiento y si hay algo es administrativo y se ha ventilado o se está ventilando por esa su vía".
El abogado recordó que el ayuntamiento reclamó a Jardines del Guadiana 1,8 millones por el canal, que se recurrió, "la justicia nos dio la razón y el ayuntamiento ni siquiera recurrió ante el Tribunal Supremo".
Asimismo, señaló que "en el campo de golf se impuso una sanción por la Junta de más de 400.000 euros, por el apartahotel, y el Tribunal Superior de Extremadura ha anulado la sanción. Si en vía administrativa y judicial nos dan la razón, es descabellado reconducir el tema a la vía penal".
El fiscal Anticorrupción ha pedido más declaraciones de otras personas, funcionarios del ayuntamiento, pero el juez no se ha pronunciado.
