La retención no fue para protegernos; fue una detención ilegal". Así lo manifestó ayer el abogado Martín Rodríguez Contreras que asistió junto a su colega Matilde Parejo, como observadores por el Consejo General de la Abogacía de España y el Observatorio de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Badajoz, al juicio del pasado día 5 en Casablanca, Marruecos. En él se juzgaba a siete saharauis defensores de los derechos humanos, pero el juicio, finalmente, se suspendió ante las protestas de grupos nacionalistas que culminaron en agresiones a los activistas y a periodistas españoles (Ver diario del 6 de noviembre).

Los abogados pacenses formaban parte de un grupo de 18 observadores internacionales que, tras acreditarse ante las autoridades judiciales marroquíes, se disponían a presenciar el juicio, "ya constituido el tribunal, y acompañados por dos familiares de los acusados y de un traductor, cuando se produjeron los altercados". Estaban solo cuatro del denominado Grupo de los Siete, los que estaban en libertad; otros tres se hallaban en prisión y no fueron trasladados a la sala.

Los saharauis entraron entonando un himno y "un grupo de 25 o 30 abogados y el público, todos marroquíes, respondieron con insultos y agrediéndoles. Incluso a un abogado defensor, y a los acusados les rompieron hasta la ropa según Rodríguez. "Y también a los periodistas españoles de TVE, la Ser, el Mundo y ABC".

La policía echó "a los periodistas y devolvió a los calabozos a los activistas, mientras a los observadores nos sacaron de la sala". Para entonces, "los magistrados y el procurador real se habían ido sin poner orden ni gobierno, huyeron protegidos por la policía", contó el letrado. La causa se llevó inicialmente por la vía militar, con lo que "la condena podía ser hasta pena de muerte, pero al final quedó en un juzgado normal", con penas de 5 años de prisión para cada uno".

Los activistas están acusados de atentado contra la seguridad de Marruecos por haber visitado los campamentos de saharauis refugiados en Tindouf (Argelia), de atentado contra la integridad territorial y de reunirse con el enemigo para conspirar contra la patria, delitos que el Colegio de Abogados califica de "confusos". El juicio del pasado día 5 era la reanudación de otro suspendido por causas similares el 15 de octubre, al que asistieron tres letrados de Badajoz. La reanudación de la vista se ha señalado para el próximo día 17 de noviembre.

70 DETENIDOS Antes del juicio, "unos 70 saharauis que intentaron entrar fueron detenidos", señaló Rodríguez, quien contó cómo los abogados, jueces y observadores civiles --de Italia, Francia, Suecia, Inglaterra, Barheim y España-- permanecieron detenidos desde las 14.30 a las 17.00 horas --española; una hora menos en Marruecos-- y les requisaron cámaras y móviles con los que habían hecho fotos, aunque les permitieron utilizar teléfonos que no contenían material gráfico del juicio.

Rodríguez recuerda que fueron sacados por numerosos policías "para protegernos de los manifestantes que intentaban agredirnos, e intentábamos comunicar, sin éxito, con la embajada española".

Fue entonces cuando comunicaron con Rosalía Perera y otros abogados de Badajoz para llamar la atención de lo ocurrido. Perera, directora del Observatorio de Derechos Humanos del Colegio de Abogados, y el decano del mismo, realizaron las gestiones ante el Consejo de la Abogacía y Exteriores que culminaron con la presencia del cónsul español en el lugar del suceso.

El cónsul, cuando le pidieron que interviniera por los saharauis detenidos, les dijo que no tenía competencia para ello, pero les acompañó --el único diplomático de los seis países que acudió-- hasta que concluyó la persecución de que fueron objeto por parte de manifestantes marroquíes, y hasta que pudieron volver en taxis a sus hoteles.

Martín Rodríguez recordó que "hubo un periodista marroquí que se enfrentó a los manifestantes para protegernos". Desde su punto de vista, "todo estaba orquestado, pero nosotros no íbamos a un juicio político, el Observatorio del Colegio de Badajoz no entra en asuntos políticos, sino de derechos humanos".