La alarma social provocada por la proliferación de tiroteos en los últimos meses en Badajoz, sobre todo en zonas como los Colorines, La Luneta, el Gurugú y Suerte de Saavedra, ha llevado a la policía a realizar un amplio despliegue en busca de armas, sobre todo de fuego, y también de drogas en uno de los puntos más conflictivos de la ciudad.
La policía desarrolló la mañana de ayer, desde las 6.30 horas hasta alrededor de las diez, en los Colorines, en una macrooperación denominada ´Jaula´, que se saldó con 25 personas detenidas y la aprehensión de numerosos efectos, que la Jefatura Superior no especificó ni cuantificó, remitiendo para obtener estos datos a una próxima rueda de prensa.
El dispositivo policial desplegado en los Colorines contó con la intervención de entre 150 y 200 agentes, procedentes de todas las unidades de Badajoz, además de las de Intervención, de Operaciones Especiales y de Helicópteros --que finalmente no fue requerida-- de Sevilla.
Los policías movilizaron 37 vehículos, que se apostaron en el interior y el exterior del barrio, cercando toda la zona por completo, desde las 6.30 horas. También se montaron controles en todos los accesos, desde la carretera de Campomayor, El Gurugú y La Luneta, que quedaron acordonados, mientras el resto de agentes llevaban a cabo su misión de forma sorpresiva y coordinada.
EL BARRIO TOMADO El barrio se presentaba prácticamente tomado por la policía, con la delegada del Gobierno, Carmen Pereira, siguiendo también el operativo. Mientras un grupo de agentes iban de paisano y con con chalecos antirreflectantes, otros iban vestidos de uniforme con material antidisturbios, y algunos más portando armas de fuego. Asimismo, los agentes que prestan servicio habitualmente en Badajoz, tapaban sus rostros con pasamontañas.
La macrooperación en busca de armas de fuego y de estupefacientes ha requerido dos meses de preparación y estuvo dirigida por el magistrado del Juzgado de Instrucción número 2 de Badajoz, Emilio García Cancho, y el jefe superior de Policía, Angel Galán.
Ambos estuvieron presentes coordinando todo el dispositivo desde primera hora de mañana, así como los al menos siete registros domiciliarios, practicados de forma simultánea para mantener el efecto sorpresivo y evitar que pudieran avisarse unos a otros. En cada uno de ellos actuó un secretario judicial, con la policía, todos bajo las órdenes del juez, que accedieron al interior previa actuación de agentes que utilizaron arietes para derribar las puertas de las viviendas.
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