Los tres grupos de la oposición en el ayuntamiento de pacense, que suman mayoría en la corporación municipal, aprobaron ayer una propuesta de Podemos Recuperar Badajoz para que la jornada laboral del personal al servicio del consistorio y de sus organismos dependientes vuelva a ser de 35 horas semanales en el transcurso del 2017 e instar al Gobierno central a devolver esta competencia a la Junta de Extremadura. El PP votó en contra y no aplicará esta medida porque, según defendió la concejala de recursos Humanos, Beatriz Villalba, el ayuntamiento no puede tomar esta medida en base al informe técnico del que dispone su concejalía, basado en que no es competente en esta materia. Villalba reconoció que «no sirve de nada» que se haya acordado esta propuesta.
«Es un engaño al empleado público del ayuntamiento», dijo y apuntó que cuando la Asamblea de Extremadura aprobó esta moción la supeditó a la modificación en el ámbito estatal. Precisamente ayer por la tarde se celebró una reunión de CCOO, UGT y CSIF con la secretaria de Estado de la Función Pública, Elena Collado, en la que los sindicatos planteaban volver a la jornada que se sustituyó por las 37,5 horas impuestas por la Ley 20/2011 de los Presupuestos Generales de Estado para el conjunto del sector público por la crisis económica. Durante el debate de la propuesta, Villalba ofreció a la oposición una moción alternativa para instar al Gobierno central a que realice una revisión salarial de los empleados públicos e inicie los mecanismos para la implantación de la jornada semanal de 35 horas. «Es fundamental poner el valor la figura de los empleados públicos pero con seriedad». Sin embargo, la oposición no aceptó esta transacional. El concejal de Podemos Fernando de las Heras mencionó que ya ha habido ayuntamientos, como los de Madrid, Zaragoza, Marbella, Cádiz o Écija donde se ha aprobado. En el caso de Zaragoza se realizó mediante un convenio con los sindicatos de forma que los trabajadores realizan las 35 horas efectivas y el resto hasta las que marca la ley se completan con formación. En Madrid, el acuerdo fue recurrido por la Delegación del Gobierno y el Tribunal Constitucional ya ha fallado en contra de esta medida en Castilla La Mancha.
